MADRID — José María Aznar ha convertido las elecciones del 29 de noviembre en algo más que una disputa por La Moncloa. Al advertir de que una nueva victoria de Pedro Sánchez pondría en peligro la Constitución, la unidad de España y la monarquía parlamentaria, el expresidente plantea el voto como una decisión sobre la continuidad del propio sistema institucional. La Constitución, sin embargo, establece barreras que hacen imposible que una mayoría ordinaria de gobierno pueda por sí sola acabar con la Corona.
La clave está en el artículo 168. La monarquía está regulada en el Título II de la Constitución, uno de los ámbitos sometidos al procedimiento de reforma agravado. Para modificarlo no basta con ganar unas elecciones, obtener mayoría absoluta ni formar una coalición parlamentaria.
El primer paso exigiría aprobar el principio de la reforma por una mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado. Inmediatamente después habría que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones. Las nuevas cámaras tendrían que ratificar la decisión, redactar el nuevo texto y aprobarlo otra vez por dos tercios en ambas cámaras. Solo entonces la reforma llegaría a un referéndum obligatorio.
Una mayoría de gobierno no es una mayoría constituyente
El mecanismo explica la distancia entre la advertencia política de Aznar y la capacidad jurídica de un futuro Ejecutivo. Incluso una victoria clara de Sánchez necesitaría sumar apoyos muy por encima de los necesarios para gobernar y mantenerlos durante dos legislaturas consecutivas, además de superar finalmente una votación popular.
Eso no significa que la Corona esté aislada de las tensiones políticas. La institución puede sufrir desgaste de imagen, controversias sobre su papel, conflictos territoriales o una expansión social del republicanismo. También puede convertirse en objeto de una confrontación política más intensa. Pero estabilidad política, legitimidad social y continuidad constitucional son planos distintos. Ninguno convierte automáticamente una victoria electoral en un cambio de forma de Estado.
Convertir el 29N en una elección existencial
La intervención de Aznar puede leerse, por tanto, desde una lógica de movilización electoral. Si la elección deja de presentarse como una competición entre PP y PSOE y pasa a plantearse como una decisión entre conservar o poner en riesgo el régimen constitucional, aumenta el coste percibido de la abstención para el electorado conservador.
La propia intervención ofrece elementos para esa interpretación. Aznar sostuvo que estas serán las elecciones más importantes desde la Transición, habló de una eventual “reconstrucción” de España con Alberto Núñez Feijóo y subrayó que el escenario para formar gobierno cambiaría “mucho” si el PP obtiene una amplia ventaja en diputados sobre Vox. No demuestra que su objetivo declarado sea concentrar el voto útil en el PP, pero sitúa su advertencia sobre la monarquía dentro de una argumentación que también busca reforzar la posición de Feijóo en el bloque de la derecha.
Hay además una simetría en la campaña que empieza. Sánchez ha pedido elegir entre una España integrada en una “ola ultraderechista” y otra que continúe como “baluarte” de apertura y justicia social. Aznar responde elevando el marco: no solo estaría en juego quién gobierna, sino la continuidad del sistema constitucional.
La advertencia política y el pronóstico institucional
Aznar conserva capacidad para fijar marcos de debate dentro del espacio conservador y sus palabras anticipan uno de los posibles ejes de la campaña. Pero la solidez de su pronóstico sobre la monarquía exige una prueba adicional: qué reforma concreta se impulsaría, con qué mayoría de dos tercios en Congreso y Senado y con qué apoyo después de unas nuevas elecciones.
Sin esos elementos, una victoria de Sánchez puede modificar el equilibrio político, aumentar la tensión institucional o reabrir debates sobre el modelo territorial y la Corona. No permite, en cambio, concluir que la monarquía parlamentaria pueda desaparecer como consecuencia directa del resultado del 29N. La arquitectura constitucional fue diseñada precisamente para que una modificación de esa magnitud requiera un consenso político y electoral extraordinariamente superior al necesario para gobernar.
