MADRID — El conflicto laboral de Airbus en España entra en una nueva fase después de que el fabricante aeronáutico haya cerrado la segunda y última mesa de mediación abierta ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). La reunión celebrada este jueves con representantes sindicales no vinculados a las movilizaciones terminó sin acuerdo y, por el momento, no queda ningún cauce abierto ante este organismo.
Airbus asegura, sin embargo, que mantiene su disposición a buscar una solución con el conjunto de la representación de los trabajadores. La compañía considera que la mediación ha evidenciado que no todas las partes están dispuestas a alcanzar un acuerdo común. CCOO, por su parte, afirma querer resolver el conflicto cuanto antes, pero reclama una mejora de la última propuesta empresarial y garantías sobre el empleo y las cargas de trabajo.
Salarios, poder adquisitivo y teletrabajo
La propuesta presentada por Airbus incluye vincular los salarios al IPC real, recuperar un 7,6% de poder adquisitivo y mantener íntegramente el actual acuerdo de teletrabajo, entre otras medidas. La ruptura de esta mesa se suma al cierre previo de las conversaciones con el comité de huelga, integrado por CGT, UGT y ÚTIL, después de que continuaran los paros.
La dirección califica ya de «crítica» la situación generada por las dos huelgas convocadas desde julio y asegura haber recibido mensajes de preocupación de clientes y otras partes interesadas que reclaman continuidad y fiabilidad. Airbus emplea alrededor de 15.000 personas en España.
El impacto alcanza a la industria auxiliar
Las consecuencias comienzan a extenderse fuera de las plantas del grupo. La Junta de Andalucía considera «patente y visible» el impacto sobre las empresas auxiliares de la región, un ecosistema formado por unas 150 compañías y 16.400 empleos directos. Algunas acumulan stock al no poder entregar pedidos a Airbus y se ven obligadas a renegociar financiación bancaria. También se están produciendo reubicaciones de trabajadores y paralizaciones de nuevas contrataciones.
El Gobierno español sigue el conflicto con preocupación. El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha advertido de que está en juego el futuro del sector y ha abierto la puerta a una mediación del Ejecutivo si las partes no consiguen avanzar. En Getafe, San Pablo y Tablada, el 81,2% de los trabajadores que participaron el lunes en las asambleas votó contra la suspensión de los paros. Illescas, en cambio, había optado anteriormente por pausarlos.
