CEUTA — El Gobierno prepara una intervención económica de urgencia para Ceuta que puede modificar de forma considerable el coste de contratar y mantener empleo en las dos ciudades autónomas. Pedro Sánchez ha anunciado una bonificación del 75% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social en Ceuta y Melilla durante 2026 y 2027, dentro de un paquete de 168 millones de euros que el Consejo de Ministros debe aprobar este martes.
La medida tiene un beneficiario inmediato: las empresas con trabajadores incluidos en el régimen que finalmente establezca el Gobierno. Una bonificación del 75% reduce directamente una parte del coste laboral sin modificar el salario percibido por el empleado. Para una pyme intensiva en mano de obra, el efecto puede traducirse en más liquidez para mantener plantilla, contratar o absorber una caída temporal de actividad.
Pero todavía falta una pieza esencial: el texto aprobado.
Del 50% actual al 75% anunciado
Ceuta y Melilla ya disponen de un régimen específico. El SEPE recoge actualmente una bonificación del 50% para autónomos residentes y con actividad en las ciudades en sectores como agricultura, pesca, industria —con excepciones—, comercio, turismo, hostelería, construcción, actividades financieras, seguros e inmobiliarias, entre otros servicios.
El salto anunciado al 75% debe analizarse, por tanto, como una ampliación de una ventaja existente y no como la creación desde cero de un régimen especial.
La cuestión decisiva será conocer a quién alcanza exactamente. Sánchez ha hablado de las cuotas pagadas por las empresas de Ceuta y Melilla, pero la referencia del Consejo de Ministros deberá precisar sectores, trabajadores incluidos, condiciones y duración jurídica del incentivo. Hasta entonces, calcular cuántas empresas o empleos se beneficiarán sería prematuro.
Los 168 millones no son únicamente bonificaciones
Tampoco puede identificarse el paquete completo con el coste de reducir las cotizaciones. Sánchez ha anunciado ayudas directas a pymes y autónomos para reactivar la economía de Ceuta después de la crisis migratoria. Trabajo añade otro instrumento: las empresas que lo necesiten podrán recurrir a ERTE con una exención del 100% de las cotizaciones empresariales y protección por desempleo para los trabajadores afectados.
Ahí aparece una diferencia económica importante. La bonificación del 75% actúa sobre el coste recurrente del empleo; las ayudas directas proporcionan liquidez; y los ERTE buscan impedir que una caída coyuntural de actividad termine convertida en despidos.
Los 168 millones tampoco parten de una hoja en blanco. El Gobierno aprobó en 2022 los planes integrales de desarrollo socioeconómico de Ceuta y Melilla, dotados conjuntamente con más de 711 millones entre 2023 y 2026 mediante Presupuestos, fondos estructurales y recursos del Plan de Recuperación. Para Ceuta se contemplaban 354,7 millones y para Melilla 356,8 millones.
Una ayuda urgente cuya eficacia dependerá del empleo
El nuevo paquete constituye, según el Gobierno, una ampliación extraordinaria del apoyo específico a Ceuta tras la crisis de julio. Sánchez cifra los 168 millones en aproximadamente el 8% del PIB de la ciudad y sostiene que el objetivo es revitalizar su economía.
La bonificación puede ofrecer una ventaja inmediata a empresas y autónomos, pero su impacto estructural dependerá de algo más que el porcentaje anunciado: cuántos sectores entren, cuánto empleo quede cubierto y si el incentivo genera nuevas contrataciones o simplemente reduce costes de puestos ya existentes.
El Consejo de Ministros deberá despejar ahora esa incógnita. Hasta conocer el texto jurídico y la distribución de los 168 millones, puede medirse la intensidad de la respuesta política, pero todavía no su verdadero alcance económico.
