CEUTA — Ceuta es una ciudad española. No se trata de una valoración política, de una fórmula diplomática ni de una cuestión pendiente de definición entre Madrid y Rabat. Su estatuto está integrado en el ordenamiento constitucional español, sus ciudadanos eligen representantes en las instituciones españolas y la ciudad forma parte de la integridad territorial del Estado. La crisis migratoria abierta a finales de julio no ha modificado esa realidad. Lo que sí ha hecho es volver a colocarla en el centro de una disputa política en la que Marruecos intenta convertir la presión sobre la frontera en una herramienta de fuerza.
Una soberanía asentada en la historia y en el derecho
La relación de Ceuta con la península ibérica no comenzó con la creación del Estado marroquí moderno. La ciudad fue conquistada por Portugal en 1415 y quedó vinculada a la Corona española durante la unión dinástica de las coronas portuguesa y española, en 1580. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta permaneció fiel a Felipe IV. La separación entre ambos reinos quedó formalizada con el Tratado de Lisboa de 1668, que reconoció la soberanía española sobre la ciudad y sus dependencias.
Desde entonces, Ceuta ha permanecido bajo administración española. La discusión histórica sobre sus orígenes, sus poblaciones y su posición geográfica no equivale a una disputa jurídica abierta sobre su soberanía. Marruecos no existía como Estado independiente en el momento en que se consolidó la presencia española en Ceuta. Su reivindicación territorial es posterior y forma parte de una narrativa nacional que Rabat mantiene sobre las ciudades españolas del norte de África.
La Constitución de 1978 reconoce el marco territorial español y el Estatuto de Autonomía aprobado en 1995 convirtió a Ceuta en ciudad autónoma, con instituciones propias y competencias de autogobierno. La ciudad no es una colonia pendiente de descolonización ni un territorio administrado provisionalmente por España. Es una entidad española con un régimen particular, como también reconoce la jurisprudencia constitucional.
Su relación con la Unión Europea tiene igualmente una especificidad. Ceuta no forma parte plenamente del territorio aduanero de la Unión y mantiene un régimen fiscal propio, pero sus fronteras exteriores son fronteras españolas y europeas. La excepción aduanera no altera la soberanía. Tampoco la ausencia de Ceuta del espacio Schengen debe interpretarse como una salida de España o de la Unión: responde a un régimen específico de controles y circulación.
De la reivindicación diplomática a la presión sobre el terreno
La posición oficial de Marruecos ha consistido durante décadas en mantener abiertas sus reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla. Esa reclamación, por sí sola, pertenece al terreno diplomático. El problema aparece cuando se combina con actuaciones que producen efectos directos sobre la ciudad y sobre la capacidad de decisión de España.
La entrada masiva de finales de julio, con más de 80.000 personas cruzando desde Marruecos hacia Ceuta en un periodo muy reducido, constituye el episodio más grave de esta crisis. La magnitud del movimiento, la proximidad de la frontera y la pasividad inicial de las fuerzas marroquíes plantean una cuestión que Madrid todavía debe explicar con precisión: si Rabat no organizó formalmente la operación, sí permitió que una presión humana de esa escala alcanzara la frontera española.
En una frontera exterior de la Unión Europea, la gestión de los flujos migratorios no puede convertirse en un mecanismo de chantaje. La cooperación con Marruecos es necesaria para impedir salidas peligrosas, combatir las redes de tráfico y organizar retornos legales. Pero la cooperación no puede significar que un Estado vecino decida cuándo una ciudad española queda sometida a una presión extraordinaria o que utilice a miles de personas para modificar el comportamiento político de Madrid.
La estrategia marroquí se ha reforzado con declaraciones de miembros del Gobierno. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha exigido el retorno de todos los menores marroquíes no acompañados presentes en Ceuta y ha vinculado la aceptación de cadáveres de migrantes fallecidos con la entrega de esos menores y de sus expedientes. Esa condición no es una simple diferencia administrativa: introduce una presión política sobre decisiones que deben regirse por el derecho español, el derecho europeo y el interés superior de cada menor.
Al mismo tiempo, la ceremonia religiosa presidida por Mohamed VI en Rabat volvió a utilizar referencias indirectas a las ciudades «ocupadas». El ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Taufiq, evocó a figuras religiosas nacidas en Ceuta antes de la soberanía española y habló de una lucha histórica por liberar territorios. La combinación de ese discurso, las declaraciones ministeriales y la presión fronteriza dibuja una secuencia política difícil de separar de la reivindicación territorial.
Un golpe de fuerza que exige una respuesta de Estado
Calificar esta estrategia de golpe de fuerza no significa afirmar que Marruecos haya lanzado una operación militar ni que exista una decisión formal de ruptura. Significa describir una política de hechos consumados y de presión acumulativa: usar la frontera, la migración, los menores, los cadáveres y la retórica histórica para obligar a España a negociar sobre una cuestión que Madrid considera fuera de toda discusión.
La respuesta española debe evitar dos errores. El primero sería aceptar que Ceuta se convierta en una moneda de cambio dentro de la relación bilateral. El segundo, confundir la defensa de la soberanía con una respuesta indiscriminada contra las personas migrantes. La seguridad de la frontera, la acogida y los procedimientos de retorno deben ejecutarse con medios suficientes y con garantías legales.
La reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y la creación de un mando único dirigido por Ángel Víctor Torres reconocen, aunque con retraso, que la crisis supera la gestión ordinaria de una frontera. Ceuta necesita coordinación, recursos y una estrategia diplomática sostenida. También necesita que España explique dentro y fuera del país una evidencia básica: su soberanía no está en negociación.
El futuro de la relación con Marruecos exige cooperación, pero una cooperación entre Estados iguales. España puede trabajar con Rabat contra el tráfico de personas, para ordenar los retornos y proteger la frontera. Lo que no puede aceptar es que esa cooperación se convierta en una vía para cuestionar la pertenencia de Ceuta a España o para trasladar a la ciudad el coste de una disputa territorial que Marruecos mantiene abierta por decisión propia.
