La política española ha entrado en una nueva fase de turbulencia. La decisión de Junts per Catalunya de retirar formalmente su apoyo parlamentario al presidente Pedro Sánchez no es solo un movimiento táctico en el tablero de la gobernabilidad nacional: es un terremoto cuyas réplicas se sentirán con especial intensidad en la Eurorregión mediterránea, donde la ejecución de proyectos estratégicos financiados con fondos europeos depende directamente de la estabilidad presupuestaria del Estado.
El partido de Carles Puigdemont ha dado un paso que muchos analistas consideraban inevitable desde hace meses. La relación entre Junts y el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar se había deteriorado progresivamente, alimentada por el incumplimiento de compromisos en materia de traspaso competencial y por la percepción, cada vez más extendida en las filas del partido, de que el coste político de sostener al Gobierno superaba los beneficios obtenidos.
Las consecuencias prácticas de esta ruptura son inmediatas. Sin la aritmética parlamentaria que proporcionaba Junts, el Gobierno carece de mayoría para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027, un instrumento esencial para canalizar los 7.200 millones de euros del plan NextGenerationEU destinados a infraestructuras de transporte y conectividad. Entre los proyectos afectados figuran el corredor mediterráneo ferroviario, la ampliación de la línea de alta velocidad Barcelona-Perpiñán y la modernización logística del puerto de Tarragona.
Para la Eurorregión, el riesgo no es únicamente financiero. La parálisis legislativa en Madrid compromete la capacidad del Estado para cumplir los hitos comprometidos ante la Comisión Europea, condición indispensable para el desembolso de los siguientes tramos de financiación comunitaria. Un retraso en estos desembolsos podría generar un efecto dominó sobre los calendarios de ejecución de obras ya adjudicadas.
En los pasillos del Congreso, las especulaciones sobre una posible moción de censura o unas elecciones anticipadas ganan fuerza por horas. Lo que está en juego, sin embargo, trasciende el destino político de Pedro Sánchez: es la capacidad de España para mantener su credibilidad como socio fiable en la arquitectura institucional europea, en un momento en que la cohesión continental es más necesaria que nunca.
