MADRID — El Partido Popular mantiene este martes sus dudas sobre las garantías del voto por correo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, una controversia que ha entrado en la precampaña después de que dirigentes populares reclamaran explicaciones sobre el censo y el funcionamiento del sistema. Hasta ahora no se ha acreditado ninguna irregularidad que permita sostener que exista una manipulación del voto postal.
La polémica se produce después de que el PP pidiera a la Junta Electoral Central que se pronunciara sobre las garantías del censo electoral y reclamara máxima transparencia ante el incremento previsible de solicitudes de voto por correo. El partido vincula sus dudas al contexto político abierto por la convocatoria anticipada de Pedro Sánchez, pero no ha aportado pruebas de fraude electoral.
El voto por correo está regulado por la legislación electoral y sometido a una cadena de identificación, custodia y entrega en la que intervienen la Oficina del Censo Electoral, Correos y las mesas electorales. La Oficina del Censo Electoral está integrada en el Instituto Nacional de Estadística y actúa bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central.
Una controversia que entra en la precampaña del 29N
RTVE señala que dirigentes del PP han seguido alimentando públicamente las sospechas sobre el sistema pese a que las instituciones responsables defienden sus mecanismos de control. La expresión “pucherazo”, utilizada en el debate político y amplificada en redes sociales, no describe a esta hora un hecho acreditado por ninguna autoridad electoral.
Correos ha defendido la seguridad y trazabilidad del procedimiento. Para solicitar el voto postal, el elector debe acreditar su identidad; la documentación se remite de forma certificada y el voto depositado queda bajo custodia hasta su entrega a las mesas electorales dentro de los plazos establecidos.
La Junta Electoral Central es el órgano encargado de garantizar la transparencia y objetividad del proceso y puede dictar instrucciones para resolver dudas de aplicación de la legislación electoral. El PP ha trasladado a este organismo sus peticiones de aclaración sobre el censo y las garantías del procedimiento.
El debate adquiere especial relevancia porque las elecciones se celebrarán el 29 de noviembre, en un periodo en el que el voto postal puede tener un peso significativo para electores desplazados o residentes fuera de su domicilio habitual. La campaña formal comenzará el 13 de noviembre.
La cuestión política y la cuestión electoral deben, por tanto, distinguirse: el PP tiene derecho a reclamar controles y aclaraciones a la administración electoral, mientras que cualquier afirmación sobre fraude requiere pruebas. A día de hoy, las dudas expresadas por dirigentes populares no han derivado en la constatación oficial de irregularidades en el sistema de voto por correo.
