MADRID — Alrededor de 500 personas han amanecido este domingo acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar medidas urgentes en materia de vivienda y exigir al Gobierno que apruebe el martes un decreto contra los desahucios. La protesta prolonga la movilización convocada el sábado tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, convertida en símbolo de la presión sobre el Ejecutivo para endurecer la protección de los inquilinos.
La acampada comenzó al finalizar la manifestación «Ni una Maricarmen más», convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. Miles de personas habían recorrido previamente el centro de la capital para protestar por el desahucio y reclamar cambios en la política de vivienda.
La protesta llega hasta la Puerta del Sol
Parte de los manifestantes decidió permanecer durante la noche en Sol. La movilización continúa este domingo con unas 500 personas en la plaza, según Europa Press, mientras aumenta la presión sobre el Gobierno a dos días del Consejo de Ministros.
El Sindicato de Inquilinas reclama la aprobación el martes de lo que denomina «decreto Maricarmen». Entre sus propuestas figuran contratos de alquiler indefinidos, la congelación de los precios, medidas contra los desahucios y una mayor regulación de los alquileres turísticos.
Maricarmen se sumó desde el hospital a la petición dirigida a Pedro Sánchez. «Quiero que lo que me ha pasado a mí sirva para que la gente luche y se cambien las leyes injustas», afirmó en un vídeo difundido antes de la manifestación.
La mujer fue desahuciada el miércoles de la vivienda madrileña en la que había residido durante 71 años.
El Gobierno negocia su decreto antes del martes
La movilización coincide con las negociaciones dentro del Gobierno para intentar aprobar el martes un nuevo decreto de vivienda. Entre las medidas discutidas se encuentra una nueva protección frente a determinados desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
El denominado «decreto Maricarmen» presentado por el movimiento de inquilinos contiene reivindicaciones propias y no debe confundirse automáticamente con el texto que negocia el Ejecutivo.
La presión también procede de Sumar. La formación ha anunciado que sus ministros no acudirán al Consejo de Ministros si el decreto de vivienda no figura en el orden del día.
El caso Maricarmen pasa así del desahucio ejecutado esta semana a una movilización nacional que sitúa el calendario político en el martes. El Gobierno dispone ahora de dos días para cerrar un acuerdo interno y, posteriormente, deberá garantizar los apoyos necesarios para convalidar cualquier real decreto-ley en el Congreso.
