BRUSELAS — Carles Puigdemont lleva casi nueve años mostrando hasta qué punto una crisis separatista dentro de un Estado miembro puede trasladar sus consecuencias al conjunto de la Unión Europea. Su salida de España, las euroórdenes, los procedimientos en Bélgica y Alemania, su etapa como eurodiputado y los litigios ante la justicia europea han convertido el procés en un caso de estudio sobre una contradicción de fondo: la UE ha sido construida para integrar Estados y reducir fronteras, pero no para garantizar la continuidad automática dentro de la Unión de territorios que decidan separarse de ellos.
En 2017, las instituciones europeas trataron el referéndum catalán como una cuestión interna española. La posición expresada entonces por la Comisión fue clara: si una parte de un Estado miembro se convierte en un nuevo Estado independiente, los tratados europeos dejan de aplicarse en ese territorio y una eventual incorporación a la UE debe seguir el procedimiento de adhesión previsto en el artículo 49.
Una secesión puede reconstruir fronteras que Europa eliminó
Ahí aparece una de las principales tensiones entre separatismo e integración europea. El mercado único, Schengen y la ciudadanía europea han reducido durante décadas el peso económico y administrativo de las fronteras nacionales. Una ruptura territorial puede abrir de nuevo cuestiones que ya estaban resueltas dentro del Estado miembro: circulación de mercancías y capitales, aduanas, regulación financiera, deuda, moneda, ayudas públicas, ciudadanía, controles fronterizos o acceso al mercado único.
No significa que todas esas barreras aparezcan necesariamente ni que un territorio independiente adopte políticas proteccionistas. Dependería de su estatus jurídico y de los acuerdos negociados posteriormente. Pero la continuidad no está garantizada. Una secesión introduce incertidumbre precisamente en un espacio político cuyo proyecto consiste en reducirla mediante reglas comunes.
Puigdemont convirtió una crisis española en un laberinto europeo
El recorrido judicial posterior al procés muestra otra consecuencia. La marcha de Puigdemont a Bélgica trasladó el conflicto al sistema de cooperación judicial europeo. Alemania rechazó en 2018 entregarlo por rebelión, aunque consideró posible hacerlo por malversación. Los procedimientos belgas generaron cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE y su condición de eurodiputado añadió posteriormente el debate sobre la inmunidad parlamentaria.
La euroorden se basa en la confianza entre sistemas judiciales de Estados miembros. El caso catalán obligó a comprobar hasta dónde alcanza esa confianza cuando un procedimiento penal nace de una crisis territorial con una fuerte dimensión política. La justicia europea ha tenido que intervenir no para decidir sobre la independencia de Catalunya, sino para determinar cómo deben funcionar derechos e instrumentos europeos frente a sus consecuencias.
La UE sigue siendo una Unión de Estados
El elemento estructural permanece. Un movimiento separatista puede declararse europeísta, pero esa posición política no modifica por sí sola los tratados. La UE reconoce a los Estados miembros como partes de su arquitectura institucional y el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea obliga además a respetar sus estructuras fundamentales y su integridad territorial.
Por eso el caso Puigdemont trasciende a una sola persona. Expone el coste jurídico de trasladar una ruptura territorial a un sistema europeo diseñado alrededor de Estados existentes. La amnistía abre ahora un nuevo capítulo: el Constitucional debe precisar su alcance sobre la malversación y el Supremo decidir después sus efectos sobre Puigdemont. Casi nueve años después del procés, Europa continúa gestionando consecuencias judiciales de una crisis que comenzó dentro de una frontera nacional.
La paradoja europea es clara: cuanto más integrada está la Unión, mayores pueden ser las consecuencias de crear una nueva frontera dentro de ella. El expediente catalán muestra que una secesión no simplifica automáticamente la relación con Europa; puede abrir, por el contrario, una cadena de interrogantes jurídicos, económicos e institucionales que deben resolverse antes de saber cuál sería la relación del nuevo territorio con la propia Unión.
