BARCELONA — Con el petróleo de nuevo por encima de los 100 dólares, España dispone de una vía para reducir la factura de los carburantes, pero todavía no puede aplicarla. Madrid ha pedido formalmente a la Unión Europea autorización para rebajar los impuestos especiales sobre gasolina y gasóleo por debajo de los mínimos establecidos por la normativa comunitaria. La Comisión Europea dio curso favorable a la petición el 20 de agosto, pero la decisión final continúa pendiente del Consejo.
La propuesta, registrada como COM(2026) 438, se apoya en el artículo 19 de la Directiva 2003/96/CE. Bruselas reconoce en el propio expediente que la crisis de Oriente Medio ha provocado aumentos «fuertes y persistentes» de los precios mayoristas y minoristas de la energía, con consecuencias para hogares y empresas. El procedimiento entró en discusión en el Consejo el 25 de agosto y, a 14 de septiembre, EUR-Lex sigue clasificándolo oficialmente como «en curso».
Una rebaja que España no puede activar todavía
La diferencia es importante. España ya puede modificar determinados componentes fiscales dentro de los márgenes europeos, pero para situar los impuestos especiales por debajo de los mínimos armonizados necesita esta excepción. La propuesta de la Comisión autorizaría expresamente tipos reducidos para el gasóleo y la gasolina sin plomo utilizados como carburantes.
El debate adquiere otra dimensión con la nueva escalada del crudo. Este lunes, el Brent llegó a superar los 109 dólares durante la sesión después del ataque que obligó a detener temporalmente el oleoducto East-West de Arabia Saudí, una infraestructura utilizada para desviar alrededor de cuatro millones de barriles diarios hacia el mar Rojo evitando el estrecho de Ormuz. Reuters situaba el Brent alrededor de 107,8 dólares durante la jornada, cerca de un 3% por encima del viernes.
El cierre definitivo de la sesión de este lunes todavía no se había producido en el momento de preparar esta edición. El nivel de liquidación será una referencia clave para medir si la presión se consolida por encima de los 100 dólares.
El Consejo tiene ahora la decisión
La autorización europea tampoco implicaría una reducción automática del precio en las estaciones de servicio. Abriría a España la posibilidad jurídica de bajar más los impuestos, pero correspondería después al Gobierno decidir cuánto, durante cuánto tiempo y cómo trasladar la medida a gasolina y diésel.
Con el petróleo tensionado por Ormuz, el oleoducto saudí y las amenazas sobre Bab el-Mandeb, el expediente europeo pasa así de ser una herramienta preventiva a convertirse en una cuestión inmediata de política económica. Para hogares, transportistas y empresas, la diferencia estará en la velocidad con la que el Consejo resuelva la excepción y en la decisión fiscal que adopte Madrid una vez tenga autorización.
