MADRID — La disolución de las Cortes Generales no deja al Congreso completamente inactivo. Hasta que se constituya una nueva Cámara, la Diputación Permanente mantiene determinadas funciones parlamentarias y puede, entre otras competencias, convalidar o derogar reales decretos ley aprobados por el Gobierno. La convocatoria de elecciones anticipadas del 29 de noviembre ha devuelto este órgano al centro de la actividad política española.
La Constitución establece en su artículo 78 que cada Cámara contará con una Diputación Permanente integrada por un mínimo de 21 miembros que representan a los grupos parlamentarios en proporción a su peso. En el Congreso de la legislatura que ahora termina está formada por 68 diputados, además de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.
Su función principal es garantizar que determinadas competencias del poder legislativo continúen operativas cuando el Congreso está disuelto o ha expirado su mandato. No sustituye al Pleno para toda la actividad parlamentaria ni permite continuar con normalidad la tramitación de todas las leyes.
Los decretos ley pueden seguir siendo convalidados
Una de sus atribuciones más relevantes afecta a los reales decretos ley. El artículo 86 de la Constitución obliga a someter estas normas al Congreso dentro de los 30 días siguientes a su promulgación para decidir sobre su convalidación o derogación. Si las Cortes están disueltas, esa competencia pasa a la Diputación Permanente.
El Reglamento del Congreso desarrolla este mecanismo. Su artículo 57 atribuye expresamente a la Diputación Permanente las facultades previstas para los decretos ley durante los periodos en los que la Cámara está disuelta. El artículo 151 regula su debate y votación.
Esta fórmula explica por qué un Gobierno puede seguir aprobando decretos ley durante un periodo electoral. La disolución limita la actividad ordinaria del Parlamento, pero no elimina la capacidad del Ejecutivo de adoptar este tipo de normas cuando concurren las condiciones constitucionales de extraordinaria y urgente necesidad.
El mecanismo ha cobrado actualidad después de que el Gobierno anunciara su intención de recuperar medidas de vivienda rechazadas por el Congreso antes de la convocatoria electoral. RTVE y las agencias han señalado que algunos decretos podrían llegar a la Diputación Permanente, donde la composición y, por tanto, la aritmética parlamentaria son diferentes a las del Pleno de 350 diputados.
La Diputación Permanente también puede ejercer otras funciones constitucionales en situaciones excepcionales y vela por los poderes de la Cámara cuando esta no está reunida. Una vez celebradas las elecciones, continúa ejerciendo sus funciones hasta la constitución del nuevo Congreso.
Sus decisiones durante ese intervalo no abren una legislatura paralela. El órgano actúa como mecanismo de continuidad institucional entre dos Congresos y responde posteriormente ante la nueva Cámara sobre los asuntos tratados. Su papel vuelve así a ser decisivo cada vez que España entra en un periodo electoral con decretos ley pendientes o decisiones urgentes que requieren control parlamentario.
