MADRID — El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La causa será juzgada por un jurado popular y supone el paso definitivo de la instrucción a la fase de enjuiciamiento.
Gómez llegará al juicio acusada de presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Álvarez deberá responder por su presunta participación como cooperadora necesaria en el delito de malversación, relacionado con el uso de recursos públicos para gestiones vinculadas a actividades profesionales de Gómez.
La apertura de juicio oral no implica una declaración de culpabilidad. Ambas conservan la presunción de inocencia y será el tribunal el que deba valorar las pruebas y las acusaciones durante el procedimiento.
El caso llega al juicio con un perímetro reducido
La decisión llega después de la audiencia preliminar celebrada el 8 de septiembre y culmina una instrucción iniciada en abril de 2024. El procedimiento comenzó tras una denuncia de Manos Limpias y se amplió posteriormente a distintas relaciones profesionales de Gómez, su actividad vinculada a la Universidad Complutense y el papel desempeñado por su asesora.
Peinado había propuesto inicialmente en abril juzgar a Gómez por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. La Audiencia Provincial de Madrid redujo posteriormente el alcance del procedimiento y mantuvo la vía del jurado popular por tráfico de influencias y malversación.
Entre las cuestiones examinadas durante la investigación figuran las cartas de apoyo firmadas por Gómez a proyectos empresariales relacionados con Juan Carlos Barrabés y las gestiones realizadas por Cristina Álvarez en relación con la actividad académica y profesional de la esposa del presidente.
Una causa con impacto político desde 2024
El procedimiento ha acompañado la política española durante más de dos años. En abril de 2024, tras conocerse la apertura de diligencias, Pedro Sánchez suspendió durante cinco días su agenda pública para reflexionar sobre su continuidad al frente del Gobierno. Desde entonces, el Ejecutivo ha denunciado una ofensiva política y judicial contra su entorno, mientras PP y Vox han utilizado la investigación para reclamar responsabilidades políticas.
La decisión de este lunes cambia ahora el escenario procesal: las diligencias dejan paso al juicio y el debate se concentrará en determinar si las pruebas permiten acreditar los dos delitos que permanecen en la causa.
OLA NEXT analiza además en un artículo separado cómo una investigación que llegó a abarcar cuatro posibles delitos alcanza finalmente el juicio limitada a tráfico de influencias y malversación.
