MADRID — El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se sienta este martes 13 de octubre en el banquillo de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en dos contratos del Canal de Isabel II relacionados con la construcción y explotación de un campo de golf en el distrito madrileño de Chamberí. Es el primer juicio que afronta por las distintas piezas del caso Lezo y coincide con la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para González por dos presuntos delitos de cohecho. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva su petición a 16 años al incorporar otros delitos, entre ellos malversación y fraude a la Administración. Las penas solicitadas corresponden a acusaciones distintas y no constituyen una condena.
Una empresa vinculada a su hermano y su cuñado
Junto al exdirigente del PP están acusados el antiguo director gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, y tres personas relacionadas con Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT): José Antonio Clemente, Pablo Manuel González, hermano del expresidente, y Juan José Caballero, su cuñado.
Según el escrito provisional de Anticorrupción, en 2004 la dirección del Canal impulsó una modificación sustancial del proyecto de obras de la cubierta del tercer depósito sin convocar una nueva licitación. La Fiscalía sostiene que se favoreció la intervención de TCT, una sociedad que carecía de capacidad técnica para ejecutar los trabajos y que los volvió a subcontratar con empresas especializadas.
Más de medio millón de euros bajo investigación
La acusación pública calcula que esa intermediación reportó a TCT un beneficio de 381.029 euros en las obras y otros 123.751 euros en el mantenimiento del césped. La suma asciende a unos 504.780 euros. Los investigadores atribuyen parte de los ingresos a familiares del antiguo presidente regional, mediante participaciones supuestamente ocultas y pagos que figurarían bajo iniciales.
El segundo contrato investigado corresponde a la gestión y explotación de las instalaciones deportivas adjudicada en 2006 a una unión temporal de empresas. La sociedad creada para operar el recinto encargó el mantenimiento a TCT, que a su vez lo subcontrató por un importe inferior. La Fiscalía considera que la diferencia constituía un beneficio injustificado.
Un proceso con repercusión política
González presidió la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, después de haber sido vicepresidente durante los gobiernos de Esperanza Aguirre. El juicio llega más de dos décadas después de los primeros hechos investigados. Aguirre está citada como testigo para el 21 de octubre, según la información publicada sobre el calendario de la vista.
El expresidente también tiene pendientes otros procedimientos derivados del caso Lezo, relativos a operaciones del Canal de Isabel II en el extranjero y a la adjudicación del tren de Navalcarnero. En la causa del campo de golf, todos los acusados conservan la presunción de inocencia y podrán impugnar durante el juicio el relato y las pruebas de las acusaciones.
