BARCELONA — Jaume Collboni ha llevado a Nueva York una idea que supera la relación bilateral entre Barcelona y la mayor ciudad estadounidense: convertir a los alcaldes de las grandes metrópolis en un bloque político capaz de reclamar nuevas herramientas contra la crisis de la vivienda. El movimiento coincide con un momento decisivo en Bruselas, donde la Unión Europea está empezando a construir por primera vez un marco específico sobre vivienda asequible.
El alcalde de Barcelona defendió en Nueva York una alianza internacional de ciudades y abordó con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, políticas de vivienda y coste de vida. En ese contexto anunció también un proyecto piloto para abrir en 2027, en La Marina, un establecimiento de alimentación asequible instalado en un local municipal y gestionado por una entidad del tercer sector o sin ánimo de lucro.
Son políticas diferentes, pero responden a una misma presión urbana: vivienda, alimentación y servicios básicos absorben una parte creciente de los ingresos en las grandes ciudades. La cuestión es hasta dónde puede llegar Barcelona por sí sola y qué puede aportar Europa.
Bruselas entra en un terreno hasta ahora local
La vivienda continúa siendo principalmente competencia de los Estados, regiones y municipios. La UE no puede fijar el precio de los alquileres de Barcelona ni decidir qué suelo debe destinarse a vivienda pública. Pero sí regula ámbitos que condicionan directamente el mercado: competencia, ayudas de Estado, financiación, plataformas digitales, eficiencia energética y parte de las reglas del mercado interior.
Ese margen está ampliándose. La Comisión presentó en diciembre de 2025 el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible y el 9 de septiembre de 2026 propuso el Affordable Housing Act. El objetivo es establecer una definición europea de las zonas sometidas a estrés residencial y ofrecer un marco jurídico para que las administraciones puedan adoptar medidas proporcionadas destinadas a preservar vivienda para residencia habitual.
Barcelona puede ganar margen sobre los pisos turísticos
Uno de los terrenos más relevantes para Barcelona es el alquiler de corta duración. Desde mayo, las nuevas reglas europeas obligan a mejorar el registro de los alojamientos y el intercambio de datos entre plataformas y autoridades. El nuevo marco pretende ir más lejos y dar mayor seguridad jurídica a las ciudades que regulen usos no residenciales en zonas tensionadas.
Para Barcelona, que ha anunciado la desaparición de unas 10.000 licencias de viviendas de uso turístico en 2028, ese cambio puede ser estratégico. Bruselas no decidiría cuántos pisos turísticos admite la ciudad, pero podría reforzar el marco legal dentro del cual Barcelona justifica sus restricciones.
Dinero europeo y ayudas públicas
El segundo instrumento es financiero. La UE ya moviliza decenas de miles de millones de euros vinculados a vivienda mediante fondos de cohesión, InvestEU y otros programas. La Comisión también ha revisado las reglas sobre ayudas de Estado para facilitar que las administraciones apoyen vivienda social y asequible.
Eso puede abrir espacio para promociones públicas, cooperativas, rehabilitación o reconversión de edificios. No significa que Bruselas vaya a financiar automáticamente los proyectos de Barcelona: cada instrumento mantiene criterios, presupuestos y procedimientos propios.
De Nueva York a Bruselas
La apuesta de Collboni consiste precisamente en aumentar el peso político de las ciudades. La Comisión lanzó en mayo la European Housing Alliance para reunir Estados, regiones, municipios y actores del sector. Las grandes ciudades buscan que sus problemas específicos —turistificación, escasez de suelo, presión inversora y alquileres elevados— tengan mayor peso en las futuras reglas europeas.
La alianza internacional defendida en Nueva York no sustituye las competencias nacionales ni europeas. Puede, sin embargo, convertirse en una plataforma de presión y experimentación: Barcelona, París, otras capitales europeas y Nueva York comparten problemas que desbordan sus fronteras administrativas.
La UE tampoco puede resolver por decreto la crisis de la vivienda. Pero está pasando de observarla a intervenir sobre algunas de sus reglas. Para Barcelona, el verdadero resultado de la ofensiva diplomática de Collboni se medirá en algo concreto: cuánto margen jurídico, financiero y regulatorio consiguen finalmente las ciudades para actuar sobre mercados inmobiliarios cada vez más globalizados.
