BRUSELAS — La inflación española ha vuelto al 4,9% en septiembre y los carburantes aparecen de nuevo en el centro del problema. El petróleo por encima de los 100 dólares y las tensiones sobre los flujos energéticos están trasladándose a los surtidores, mientras los gobiernos recuperan rebajas fiscales y ayudas nacionales. La pregunta vuelve a Bruselas: ¿debería la Unión Europea coordinar ya una respuesta común?
La UE no dispone de un equivalente directo a una subvención europea del precio de la gasolina o el diésel. La fiscalidad de los carburantes sigue dependiendo ampliamente de los Estados miembros, aunque dentro de un marco europeo que fija tipos mínimos para los impuestos especiales. Son, por tanto, Madrid, París o Berlín quienes pueden decidir con mayor rapidez una rebaja o una compensación al consumidor.
Europa tiene instrumentos, pero la respuesta sigue siendo nacional
Eso no significa que Bruselas carezca de margen. La Comisión puede flexibilizar las reglas de ayudas de Estado, coordinar medidas entre gobiernos, vigilar los mercados energéticos y promover respuestas comunes cuando una crisis amenaza con fragmentar el mercado interior. La UE también dispone de obligaciones sobre reservas estratégicas de petróleo, aunque estas existencias están concebidas ante interrupciones graves de suministro y no simplemente para contener una subida de precios.
La experiencia de la crisis energética posterior a la invasión rusa de Ucrania mostró que Europa puede construir instrumentos extraordinarios cuando el impacto se extiende al conjunto de la economía. Sin embargo, el petróleo plantea una dificultad diferente al gas y la electricidad: su precio se forma en un mercado mundial y una intervención europea aislada tiene una capacidad limitada para modificar el coste internacional del barril.
El riesgo de 27 respuestas distintas
España ha recurrido de nuevo a ayudas sobre los carburantes. Francia, Alemania y otros Estados estudian o aplican mecanismos propios. Esta capacidad nacional permite reaccionar rápidamente, pero también abre diferencias entre consumidores y empresas dentro del mercado único.
El transporte por carretera, la logística, la aviación, la agricultura y numerosas industrias soportan directamente la subida de los combustibles. En territorios transfronterizos como Catalunya y Occitanie, diferencias prolongadas de fiscalidad o subvenciones pueden alterar los precios finales y modificar los flujos de consumo a ambos lados de la frontera.
El problema europeo no es únicamente cuánto cuesta llenar un depósito. Si el petróleo mantiene niveles elevados, el aumento del transporte y de la producción puede trasladarse progresivamente a alimentos, bienes industriales y servicios. España ya ofrece una señal: la inflación general ha saltado del 4,3% al 4,9% y la subyacente alcanza el 3,1%.
¿Por qué Bruselas no anuncia todavía un escudo europeo?
Porque una intervención común exige determinar primero si el shock es temporal, si existe un problema real de suministro y qué instrumento sería eficaz sin incentivar el consumo de combustibles fósiles. Una subvención generalizada chocaría además con los objetivos climáticos europeos y tendría un elevado coste presupuestario.
Pero la ausencia de un gran paquete europeo no equivale a ausencia de responsabilidad. Cuanto más dure la presión energética, mayor será el riesgo de que las respuestas nacionales diverjan y de que el choque vuelva a contaminar la inflación de toda la eurozona. El verdadero umbral político para Bruselas será comprobar si el encarecimiento deja de ser un episodio petrolero para convertirse de nuevo en un problema macroeconómico europeo.
