BARCELONA — España ha restablecido los controles fronterizos para los viajeros procedentes de Italia, en respuesta a las verificaciones impuestas por Roma tras la crisis migratoria de Ceuta. La medida entró en vigor a las 00.00 horas del sábado y se mantendrá, de inicio, hasta el 7 de septiembre en los aeropuertos y puertos con conexiones directas con el país transalpino.
Controles aleatorios a ciudadanos de terceros países
El Ministerio del Interior ha desplegado alrededor de un centenar de agentes de la Policía Nacional. Las comprobaciones se realizan de forma aleatoria y se concentran sobre todo en nacionales de terceros países, a quienes se verifica el pasaporte, la nacionalidad y, cuando corresponde, el visado. Durante la primera jornada fueron controlados 199 viajeros llegados en 12 vuelos desde Italia.
Los equipos pueden inspeccionar a todos los pasajeros de un vuelo seleccionado o solo a determinadas personas. Para orientar las verificaciones utilizan los datos del Registro de Nombres de los Pasajeros, comunicados previamente por las compañías aéreas. Los ciudadanos españoles, italianos y del resto de la Unión Europea conservan su derecho de libre circulación, aunque pueden tener que acreditar su identidad.
Un pulso político abierto por la crisis de Ceuta
Madrid presenta la decisión como una respuesta proporcional a los controles introducidos por el Gobierno de Giorgia Meloni para los viajeros llegados desde España. Roma sostiene que mantendrá sus medidas al menos hasta el 15 de agosto y las justifica por riesgos vinculados a la seguridad y a posibles movimientos migratorios secundarios. El Ejecutivo español considera, en cambio, que la iniciativa italiana es injusta, discriminatoria y contraria a los intereses de la Unión Europea.
La Comisión Europea recuerda que el Código de fronteras Schengen permite restablecer controles internos ante una amenaza grave, pero exige que sean excepcionales, necesarios y temporales. El nuevo cruce de medidas entre dos socios sin frontera terrestre directa eleva la tensión política y expone la fragilidad de la libre circulación cuando una crisis migratoria se convierte en instrumento de presión entre gobiernos.
