MADRID — La compra de un ático de lujo en Chamberí por parte de una empresa pública de la Comunidad de Madrid ha reabierto la polémica sobre el uso de inmuebles regionales por Isabel Díaz Ayuso. La operación, realizada en abril y conocida esta semana, ha devuelto al debate político el precedente del chalet de Rascafría donde la presidenta pasó dos días con miembros de su familia en 2025.
El nuevo inmueble se encuentra en el paseo del General Martínez Campos, mide 485 metros cuadrados y dispone de una terraza de casi 200. Planifica Madrid, sociedad dependiente del Gobierno autonómico, lo adquirió sin que la inversión figurara expresamente en su presupuesto anual. El precio oficial no ha sido publicado, aunque las estimaciones de mercado lo sitúan entre 4,5 y 6 millones de euros.
Explicaciones que cambiaron en pocas horas
La primera versión del Ejecutivo regional fue que el ático serviría como oficina temporal de Ayuso durante las obras en la Real Casa de Correos. Después señaló que su destino aún no estaba decidido y que también podía acoger reuniones institucionales o ser utilizado por otros consejeros. La presidenta negó que fuera una residencia oficial o un inmueble adquirido para su disfrute personal.
El Ayuntamiento de Madrid confirmó, sin embargo, que no había recibido ninguna solicitud de licencia ni de cambio de uso. El edificio tiene carácter residencial y la normativa urbanística limita la instalación de oficinas en este tipo de áticos, lo que añadió dudas sobre la viabilidad del proyecto.
El precedente de Rascafría
Más Madrid y el PSOE han vinculado la operación con el chalet comprado por la Comunidad en Rascafría por 4,3 millones de euros. Ayuso reconoció entonces haber permanecido allí durante un fin de semana con su familia, pero defendió que se trató de una estancia privada sin gastos adicionales para la Administración.
La oposición reclama ahora la publicación íntegra del expediente del ático, incluida la tasación, la memoria justificativa y el precio abonado. El Gobierno madrileño denuncia una campaña de desprestigio y sostiene que cualquier uso previsto habría sido institucional. Hasta ahora no se ha aportado ninguna prueba de que Ayuso o sus familiares hayan obtenido un beneficio patrimonial directo de la compra.
