MADRID — Marruecos niega cualquier implicación en la entrada masiva de migrantes a Ceuta de finales de julio, pero la defensa oficial de Rabat convive con una sucesión de declaraciones de miembros de su propio Gobierno que reivindican la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla. Una contradicción política que complica el intento del reino de separar la crisis migratoria de la disputa territorial.
El Ministerio marroquí de Exteriores rompió el silencio este jueves para asegurar que «ningún dato, hecho o informe» demuestra una implicación de sus autoridades. Rabat rechaza convertirse en «chivo expiatorio» de los enfrentamientos políticos españoles y sostiene que la cooperación migratoria y de seguridad con Madrid continúa siendo estratégica.
La documentación española conocida hasta ahora tampoco permite afirmar judicialmente que el Gobierno marroquí organizara la entrada. Los informes desclasificados ofrecen apreciaciones distintas: el análisis militar no encontró elementos suficientes para atribuir a Rabat una operación deliberada, aunque describió una actuación marroquí pasiva o negligente. Otros informes policiales han señalado comportamientos de agentes sobre el terreno que están siendo investigados.
Tres ministros reabren la cuestión territorial
El problema para el discurso de Rabat procede también de su propio Ejecutivo. El ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, se refirió a la «liberación» de las ciudades consideradas ocupadas. Después, el ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, defendió los «derechos históricos y geográficos» de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y propuso abrir un mecanismo de diálogo con España.
La secuencia continuó con Nizar Baraka, ministro de Equipamiento y Agua y secretario general del Istiqlal. En plena crisis bilateral aseguró que España es un «socio esencial», pero afirmó que Marruecos «no retrocederá ni un solo palmo» de lo que considera su territorio nacional.
Madrid ha reaccionado por vía diplomática. El 21 de agosto convocó a la embajadora marroquí —representada por el encargado de negocios debido a su ausencia— y José Manuel Albares ha advertido de que estas reivindicaciones «degradan» la relación bilateral. Pedro Sánchez también las calificó de inaceptables y fijó la soberanía española sobre Ceuta y Melilla como una línea roja.
Una negación debilitada por el ruido político
Las reivindicaciones territoriales no prueban una participación marroquí en la crisis migratoria y ambos planos deben mantenerse separados. Pero su repetición por varios ministros después de una entrada masiva desde territorio marroquí dificulta la estrategia de Rabat: mientras Exteriores reclama que no se vincule al reino con los acontecimientos de julio, miembros del Gobierno vuelven a colocar Ceuta y Melilla en el centro de la disputa política.
El contexto electoral marroquí ayuda a explicar el endurecimiento del discurso, pero no elimina su impacto diplomático. La cuestión para España ya no es únicamente esclarecer qué ocurrió en la frontera, sino determinar hasta qué punto puede sostenerse una cooperación estratégica cuando ministros del país socio cuestionan públicamente la soberanía de dos ciudades españolas.
