MADRID — La inteligencia militar española no encontró indicios que permitieran atribuir a Marruecos la organización de las entradas masivas registradas en Ceuta a finales de julio, pero sí describió una actuación marroquí marcada por la «negligencia» y la «pasividad». Los informes elaborados durante la crisis llegaron además a contemplar que Rabat pudiera intentar explotar políticamente la situación.
La documentación de inteligencia, conocida ahora en el marco de las investigaciones sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio, introduce un matiz relevante en el debate sobre la responsabilidad marroquí. No acredita que las autoridades del país vecino impulsaran deliberadamente la llegada de miles de personas a la frontera española, pero tampoco describe una cooperación plenamente eficaz durante las primeras horas de la crisis.
Según la información publicada, los análisis militares manejaron diferentes escenarios. Uno de ellos contemplaba que Marruecos pudiera aprovechar la presión migratoria para obtener ventajas políticas en su relación con España. La inteligencia advertía, sin embargo, de que no existían elementos suficientes para concluir que Rabat hubiera provocado deliberadamente la crisis.
Entre la cooperación y las dudas
La valoración contrasta con la defensa realizada por el Gobierno de la cooperación marroquí. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que la colaboración con Rabat permitió que más del 90% de las personas que entraron en Ceuta regresaran a Marruecos durante las primeras 24 horas.
Ambas afirmaciones no son necesariamente incompatibles. Los informes describen el comportamiento observado durante el desarrollo inicial de la crisis, mientras que el Ejecutivo pone el acento en la cooperación posterior para gestionar sus consecuencias.
La cuestión adquiere ahora una dimensión judicial. La Audiencia Nacional investiga las entradas masivas y el Estado se ha personado como acusación particular al considerar que los hechos pudieron perjudicar no solo a Ceuta y a sus habitantes, sino también al Reino de España.
Los documentos de inteligencia refuerzan así una zona gris que será central para determinar lo ocurrido: hasta qué punto Marruecos perdió el control de la situación, actuó con insuficiente diligencia o decidió tolerar temporalmente una presión fronteriza que podía utilizar en su relación con Madrid. Ninguno de esos escenarios permite, por ahora, atribuir judicialmente a Rabat la autoría de la crisis.
