BRUSELAS — La Comisión Europea presentará este miércoles su Affordable Housing Act, una iniciativa llamada a establecer un marco común para que Estados, regiones y ciudades puedan actuar en las zonas sometidas a una fuerte presión residencial. El alquiler de corta duración será uno de los componentes centrales del nuevo dispositivo, con especial interés para ciudades turísticas como Barcelona y Palma.
El punto decisivo será el texto que presente oficialmente Bruselas. El borrador conocido antes de la presentación contempla criterios comunes para identificar las áreas de «housing stress», entre ellos la relación entre los precios de la vivienda y los ingresos, la evolución demográfica y las tendencias de oferta y demanda residencial. La Comisión ya había confirmado durante la preparación de la norma que pretende ofrecer herramientas a las autoridades públicas respetando el principio de subsidiariedad.
De la prohibición general a los límites proporcionados
Según el proyecto preparatorio conocido, las administraciones podrían justificar medidas como límites cuantitativos sobre los alquileres de corta duración en las zonas más tensionadas. Las restricciones deberían responder al interés público, ser proporcionadas y no discriminatorias. El marco europeo buscaría así aportar mayor seguridad jurídica a decisiones locales que hasta ahora se han desarrollado bajo normativas nacionales, regionales y municipales diferentes.
La propuesta no supone que Bruselas vaya a fijar directamente un número de viviendas turísticas para Barcelona o Palma. La cuestión será determinar qué margen jurídico concede finalmente a las autoridades territoriales, con qué indicadores deberán demostrar la presión residencial y qué controles europeos se aplicarán a las restricciones.
Barcelona y Palma, dos laboratorios mediterráneos
Barcelona ya ha situado la reducción del alojamiento turístico en el centro de su política de vivienda, mientras Palma acaba de reforzar las limitaciones a nuevas plazas. El futuro marco europeo podría consolidar herramientas para territorios donde la presión turística coincide con problemas de acceso a la vivienda permanente.
El impacto afectará a propietarios, plataformas digitales, hoteles y administraciones, pero también al mercado residencial ordinario. Para los municipios, una definición europea de las zonas tensionadas podría reforzar la base jurídica de determinadas restricciones. Para las plataformas y propietarios, la proporcionalidad de cada medida seguirá siendo un elemento central.
La presentación del miércoles abrirá además un proceso legislativo europeo: la propuesta deberá ser examinada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de convertirse en norma. La comparación entre el borrador y el texto oficial permitirá establecer si Bruselas mantiene los límites cuantitativos, cómo define exactamente la presión residencial y qué competencias concretas reconoce a ciudades y regiones.
