MADRID — El Gobierno afronta este viernes una de las últimas grandes pruebas de su reforma de la financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) debate y vota el nuevo modelo, con el respaldo asegurado de Catalunya y Canarias, el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP y la ausencia anunciada de Madrid. El paso permitirá al Ejecutivo continuar la tramitación, pero no garantiza que la reforma llegue a entrar en vigor.
El sistema vigente debía haberse renovado en 2014. La propuesta de Hacienda pretende incrementar los recursos destinados a las comunidades de régimen común y reducir las diferencias de financiación por habitante ajustado. El Gobierno cifra en cerca de 21.000 millones de euros anuales los recursos adicionales que aportaría el nuevo esquema al Estado del bienestar.
Más cesión fiscal y una entrada en vigor prevista para 2027
Entre los cambios planteados figura una mayor participación autonómica en los grandes impuestos. La propuesta prevé elevar del 50% al 55% la parte del IRPF cedida a las comunidades y hasta el 56,5% la correspondiente al IVA. Hacienda sostiene que ninguna autonomía perdería recursos con respecto al sistema actual.
Para Catalunya, la reforma está además vinculada al acuerdo político alcanzado entre el PSOE y ERC. El Govern respalda el nuevo modelo, aunque ERC quiere aprovechar la tramitación parlamentaria para incorporar elementos de la denominada financiación singular, entre ellos una mayor capacidad de la Generalitat para recaudar impuestos.
La oposición territorial sigue siendo amplia. Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla y León, entre otros gobiernos del PP, han anunciado su voto contrario al considerar que el modelo nace de una negociación bilateral con Catalunya. Madrid ha ido más lejos y ha decidido no acudir al CPFF, después de intentar que otras autonomías populares secundaran su ausencia para impedir el quórum.
El verdadero obstáculo estará en el Congreso
La votación del CPFF no supone la aprobación definitiva. Una vez superado este trámite, el Gobierno pretende llevar la reforma al Consejo de Ministros e iniciar su recorrido parlamentario con el objetivo de que el nuevo sistema pueda aplicarse desde el 1 de enero de 2027.
Ahí se encuentra la principal incertidumbre. La financiación autonómica se regula mediante una ley orgánica y necesita mayoría absoluta en el Congreso. El Ejecutivo no dispone actualmente de esos votos garantizados y Junts mantiene sus reservas, mientras ERC reclama modificaciones durante la tramitación.
La reforma llega así a su última fase administrativa con una paradoja: el Gobierno tiene los votos necesarios para hacerla avanzar este viernes pese al rechazo de buena parte de las autonomías, pero deberá construir después una mayoría parlamentaria mucho más exigente para convertir el nuevo reparto de recursos en ley.
