MADRID — La crisis de Ceuta llega este miércoles a una jornada políticamente sensible. La convocatoria de concentraciones de apoyo a la ciudad autónoma, prevista a las 20:00 horas coincidiendo con el Día de Ceuta, ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Popular y Vox. Lo que comenzó como un llamamiento ciudadano se ha convertido en una disputa sobre quién puede representar la solidaridad con Ceuta y quién controla el relato de una crisis que todavía no está resuelta.
Una convocatoria extendida por toda España
La Federación Española de Municipios y Provincias llamó a celebrar actos de apoyo frente a los ayuntamientos. Más de 260 municipios anunciaron su adhesión, con convocatorias en distintos territorios. En Madrid, el Ayuntamiento fijó la concentración en la plaza de Cibeles. En Santander y en otras ciudades gobernadas por el Partido Popular también se plantearon actos de respaldo a la población ceutí.
La Delegación del Gobierno en Madrid rechazó que el Consistorio pudiera promover formalmente una concentración ejerciendo el derecho de reunión. Su argumento es jurídico: un ayuntamiento no sería el titular de ese derecho y debería organizar el encuentro como acto institucional. La Delegación negó haber prohibido la movilización y comunicó que las fuerzas de seguridad garantizarían su desarrollo. El Ayuntamiento, sin embargo, mantuvo la convocatoria y denunció un intento de obstaculizarla.
La diferencia no es menor. La discusión sobre el procedimiento ha terminado desplazando el fondo de la convocatoria: expresar apoyo a una ciudad española que afronta las consecuencias de una entrada masiva de personas desde Marruecos, una emergencia humanitaria y una creciente tensión social. Para el PP, la respuesta del Gobierno revela voluntad de limitar una protesta incómoda. Para el PSOE, las concentraciones han sido impulsadas con una lógica partidista y pueden convertir la crisis en un instrumento de confrontación.
El PSOE se distancia y la oposición ocupa la calle
La dirección socialista pidió a sus estructuras y cargos públicos que no participaran en los actos. Su mensaje fue resumido en una fórmula: «Ceuta sí. Su utilización partidista, no». La decisión ha generado malestar en algunos municipios socialistas, donde alcaldes y concejales han optado por apoyar la convocatoria. Al mismo tiempo, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han confirmado su presencia en Madrid, convirtiendo la jornada en una demostración de fuerza de la oposición.
La escena coloca a Sánchez ante una contradicción política. El Ejecutivo afirma que empleará todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad, la convivencia y la integridad territorial de Ceuta, pero trata de evitar que la movilización sea interpretada como una censura a su gestión. La disputa administrativa, aunque pueda apoyarse en una diferencia legal real, alimenta la percepción de que el Gobierno desea controlar la imagen pública de la crisis y reducir el espacio para las críticas.
La visita del Rey sigue sin fecha
En este contexto, la visita de Felipe VI a Ceuta continúa pendiente. Sánchez ha asegurado que el Rey viajará a la ciudad y a Melilla «cuando se den las condiciones», pero no ha concretado cuándo. Moncloa sostiene que primero deben estabilizarse la situación humanitaria y el orden público. También pesa la relación con Marruecos: una visita del jefe del Estado tendría un fuerte valor institucional y podría generar una reacción diplomática de Rabat.
El Gobierno defiende la cooperación marroquí y atribuye parte de la crisis a la desinformación difundida desde el exterior. La oposición reclama, en cambio, una presencia inmediata del Estado y considera que retrasar la visita transmite dudas sobre el respaldo a la españolidad de Ceuta. Mientras las ayudas económicas intentan contener el impacto local, las imágenes de las concentraciones y la ausencia del Rey mantienen abierta la pregunta central: si el Ejecutivo controla realmente la crisis o solo administra sus efectos políticos.
