BARCELONA — Cada episodio de lluvias intensas devuelve la misma pregunta a los territorios mediterráneos: ¿se puede seguir construyendo en zonas expuestas a inundaciones? La respuesta legal no es idéntica en España y Francia, pero el problema es común. Las costas urbanizadas, los cauces transformados, los campings y las infraestructuras turísticas concentran población y actividad precisamente en espacios donde el agua puede avanzar con rapidez.
La Unión Europea fijó un marco común mediante la Directiva de Inundaciones. Los Estados deben evaluar los riesgos, identificar las áreas más expuestas, elaborar mapas de peligrosidad y aprobar planes de gestión que se revisan en ciclos de seis años. El objetivo no es prohibir toda actividad en los territorios inundables, sino reducir los daños sobre las personas, el patrimonio, la economía y el medio ambiente.
El mapa de riesgo no es una autorización para construir
La existencia de una cartografía no convierte automáticamente un suelo en edificable. En España, la planificación urbanística y la protección civil deben tener en cuenta el riesgo fluvial, pluvial y costero. Protección Civil recuerda que las costas mediterráneas y los grandes espacios fluviales concentran una parte importante de la exposición. La dificultad aparece cuando los municipios ya han desarrollado barrios, polígonos o instalaciones turísticas antes de que el riesgo estuviera correctamente delimitado.
En Cataluña, episodios recientes en la Costa Daurada han mostrado la vulnerabilidad de campings, zonas residenciales y redes de transporte ante lluvias intensas. Una tormenta corta puede producir escorrentías rápidas, desbordar rieras y bloquear accesos. La discusión no debe limitarse a si un camping dispone de un protocolo de evacuación: también debe preguntarse si su localización, su densidad y sus vías de salida permiten proteger realmente a miles de personas en temporada alta.
La prevención resulta todavía más compleja cuando se mezclan inundación fluvial, lluvia sobre superficies urbanizadas y temporal marítimo. El hormigón reduce la absorción del suelo, los aparcamientos ocupan zonas bajas y las infraestructuras pueden actuar como barreras o embudos. La responsabilidad, por tanto, no corresponde únicamente al último promotor. También alcanza a las administraciones que clasifican el suelo, conceden licencias, mantienen cauces y autorizan ampliaciones.
Francia aplica una lógica comparable
En Occitania, los Planes de Prevención de Riesgos de Inundación y los planes relativos al litoral son instrumentos centrales para controlar la urbanización. Pueden prohibir nuevas construcciones en las zonas de mayor riesgo y se incorporan a los documentos urbanísticos como servidumbres de utilidad pública. La región cuenta con alrededor de 1,6 millones de personas expuestas al riesgo de inundación, según la DREAL, que distingue crecidas de ríos, escorrentías, desbordamientos costeros y subidas de la capa freática.
La existencia de estos planes no elimina los problemas heredados. Perpiñán, el litoral del Aude, Montpellier y otros sectores de Occitania conviven con viviendas, carreteras, campings y actividades económicas situadas en áreas donde la evacuación puede ser difícil. Adaptar no significa únicamente levantar muros. Puede implicar retirar construcciones, liberar zonas de expansión del agua, elevar instalaciones, mejorar alertas o aceptar que determinados terrenos no deben volver a urbanizarse.
Quién paga cuando el riesgo ya era conocido
El punto más sensible es financiero. Después de una inundación, los municipios reclaman ayudas para reparar carreteras y redes; las empresas piden compensaciones; los vecinos esperan indemnizaciones. Pero si el suelo ya estaba identificado como peligroso, la reconstrucción idéntica puede reproducir el problema. La ayuda pública debe servir para recuperar la actividad y, al mismo tiempo, reducir la vulnerabilidad futura.
La adaptación climática exige decisiones impopulares: limitar nuevas viviendas, revisar licencias, trasladar equipamientos o imponer obras costosas a propietarios y operadores turísticos. También exige coordinación entre ayuntamientos, regiones, Estados y operadores de agua. La directiva europea proporciona un marco, pero la decisión final se juega en los planes locales y en la voluntad de hacer cumplir las restricciones.
La cuestión no es si el Mediterráneo debe dejar de construir, sino dónde, cómo y para quién se construye. Las nuevas urbanizaciones no pueden evaluarse solo por su rentabilidad o por la demanda turística. Deben incorporar la velocidad del agua, las rutas de evacuación, el mantenimiento de los cauces y la capacidad de los servicios de emergencia. Cada nueva alerta demuestra que el coste de no planificar aumenta y que la responsabilidad pública empieza mucho antes de que llegue la primera lluvia.
