MADRID — El Gobierno lleva este martes al Consejo de Ministros su nuevo decreto de vivienda sin haber cerrado todavía un acuerdo con todos sus socios parlamentarios. La negociación continúa abierta hasta el último momento, con diferencias sobre la prórroga de los contratos de alquiler, la protección frente a los desahucios y la regulación de modalidades como los alquileres temporales y por habitaciones.
El Ejecutivo afronta la reunión bajo una presión creciente de los colectivos de inquilinos. La acampada instalada en la Puerta del Sol reclama que el texto incluya contratos más estables, renovación automática y medidas estructurales para impedir que personas vulnerables sean desahuciadas sin una alternativa habitacional.
Sumar mantiene la presión sobre el contenido del decreto
Sumar ha advertido en las últimas horas de que el acuerdo con el PSOE seguía lejos y reclama ampliar el alcance de las medidas. Entre los asuntos centrales están la continuidad de los contratos y una mayor protección de los hogares vulnerables, además de intervenir sobre fórmulas de alquiler que pueden quedar fuera de los límites aplicados a los contratos residenciales ordinarios.
El Gobierno necesita además construir una mayoría posterior en el Congreso. Junts mantiene una posición relevante en la aritmética parlamentaria y ha defendido medidas contra los grandes tenedores y fondos, pero también garantías e incentivos para los pequeños propietarios. Podemos ha elevado igualmente sus exigencias y rechaza un acuerdo que considere insuficiente para intervenir en el mercado del alquiler.
La presión de Sol llega al Consejo de Ministros
La protesta iniciada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, ha convertido la Puerta del Sol en otro frente de presión sobre la negociación. Los colectivos movilizados rechazan que las bonificaciones fiscales a los propietarios constituyan el eje de la respuesta y reclaman la aprobación de un paquete más amplio de protección a los inquilinos.
La discusión coincide además con el debate sobre el destino de las viviendas en las zonas de mayor presión inmobiliaria. Pedro Sánchez pidió el lunes en Barcelona a las comunidades autónomas que apliquen la Ley de Vivienda y defendió priorizar el uso residencial frente al turístico.
El Congreso será la siguiente prueba
La aprobación por el Consejo de Ministros no cerraría el recorrido político del decreto. Al tratarse de un real decreto ley, el Gobierno puede adoptarlo este martes aunque no tenga garantizada previamente una mayoría parlamentaria, pero deberá someterlo a convalidación en el Congreso en un plazo máximo de 30 días.
La composición definitiva del texto determinará ahora si el Ejecutivo consigue acercar las posiciones de sus socios y hasta dónde llegan las nuevas garantías para los inquilinos. La negociación continúa, por tanto, más allá de la reunión del Consejo de Ministros.
