BARCELONA — El Gobierno llega a las últimas horas antes del Consejo de Ministros con una posibilidad real de aprobar este martes su nuevo decreto de vivienda, pero sin haber cerrado todavía el equilibrio político que necesita para sostenerlo. La negociación ya no consiste únicamente en decidir qué medidas entran en el texto. Pedro Sánchez debe conciliar las exigencias de partidos con posiciones distintas y, al mismo tiempo, defender una política cuya aplicación depende en buena medida de las comunidades autónomas.
Sumar ha advertido este lunes de que el acuerdo sigue «muy lejos». Su presión se concentra en la prórroga y renovación de los contratos, la protección frente a desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y el fraude vinculado a pisos turísticos. Podemos, ERC, EH Bildu, BNG y otras fuerzas de izquierda reclaman también un paquete suficientemente amplio para intervenir sobre el mercado del alquiler.
Junts, la otra pieza de una mayoría difícil
En el otro extremo de la negociación parlamentaria, Junts se ha convertido en una pieza necesaria para construir una mayoría. La formación ha planteado medidas contra la compra de vivienda por grandes fondos, pero también bonificaciones fiscales y garantías para pequeños propietarios. El Gobierno estudia parte de esas propuestas mientras intenta elaborar un texto que pueda ser aceptado por fuerzas que parten de diagnósticos y prioridades diferentes.
Ahí aparece la principal dificultad. Aprobar un real decreto ley en el Consejo de Ministros no exige tener previamente cerrada su mayoría parlamentaria. Pero el Congreso debe convalidarlo en un máximo de 30 días. El Ejecutivo ya aplazó en julio un decreto de vivienda precisamente porque no disponía de apoyos suficientes. Sacarlo adelante este martes sin una arquitectura política mínima trasladaría simplemente el problema unas semanas.
La presión social añade otra variable. El desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y las protestas posteriores han elevado el coste político de un nuevo aplazamiento. El Sindicato de Inquilinas reclama el llamado «decreto Maricarmen» íntegro y rechaza que las bonificaciones a propietarios sean el eje de la respuesta.
Sánchez desplaza parte del debate hacia las autonomías
Desde Barcelona, Sánchez ha añadido este lunes una segunda dimensión. Ha pedido a las comunidades autónomas utilizar las «palancas» que ya ofrece la Ley de Vivienda y ha defendido «privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico», además de aumentar la oferta asequible. El presidente ha señalado a Catalunya como ejemplo de aplicación de instrumentos estatales que otros gobiernos autonómicos no han desplegado.
La declaración importa porque sitúa el problema más allá del decreto de este martes. España tiene una política de vivienda repartida entre Estado, comunidades y ayuntamientos. El Gobierno puede modificar contratos, fiscalidad o protección social dentro de sus competencias, pero la declaración de zonas tensionadas, buena parte de la política urbanística y numerosos instrumentos de vivienda dependen de administraciones territoriales.
La estrategia de Sánchez combina así dos movimientos: intentar cerrar una mayoría parlamentaria para nuevas medidas y exigir que las herramientas ya aprobadas se utilicen allí donde las autonomías tienen capacidad para hacerlo. Catalunya refuerza ese argumento, mientras otras comunidades han rechazado aplicar determinados mecanismos de la ley estatal.
Un acuerdo posible, pero todavía no cerrado
El vicepresidente Carlos Cuerpo se ha mostrado «optimista» sobre la posibilidad de llegar al Consejo de Ministros con un acuerdo. Sumar mantiene públicamente que el texto todavía está lejos. Entre ambas posiciones transcurren las últimas horas de una negociación en la que cada cesión puede facilitar el apoyo de un grupo y complicar el de otro.
El Gobierno puede, por tanto, aprobar el decreto este martes. La cuestión decisiva será qué queda dentro para conseguirlo y si ese equilibrio permitirá superar después el Congreso. En vivienda, el Ejecutivo afronta dos mayorías distintas: la parlamentaria necesaria para legislar y la territorial necesaria para que una parte de esas políticas se aplique realmente.
