BARCELONA — España negocia a contrarreloj un nuevo decreto de vivienda mientras una pregunta gana peso en toda la Unión Europea: después de la energía y los carburantes, ¿será la vivienda el próximo gran problema económico y social que Europa tendrá que afrontar de forma coordinada? El caso español concentra buena parte de las tensiones que se observan en otros Estados miembros: alquileres elevados, escasez de oferta en las grandes ciudades, expansión del alojamiento turístico y una generación joven con crecientes dificultades para acceder a una vivienda.
El Gobierno de Pedro Sánchez intenta cerrar un paquete que incluye la prórroga de determinados contratos de alquiler hasta 2028, mayor regulación de los alquileres temporales y por habitaciones, incentivos fiscales para reducir rentas y una fiscalidad más elevada sobre los alojamientos turísticos. La protección de hogares vulnerables frente a los desahucios forma parte de una negociación política todavía abierta.
La vivienda deja de ser un problema exclusivamente nacional
España no es una excepción. Eurostat calcula que entre 2010 y el primer trimestre de 2025 los precios de compra de vivienda aumentaron un 57,9% en la Unión Europea y los alquileres un 27,8%. En ese periodo los precios de compraventa crecieron más que los alquileres en 21 de los 26 países con datos disponibles.
La Comisión Europea ha reconocido el cambio de escala. Ursula von der Leyen incorporó la vivienda a las prioridades de su segundo mandato y la UE cuenta por primera vez con un comisario con competencias específicas sobre vivienda. Bruselas trabaja además en un Plan Europeo de Vivienda Asequible, aunque las principales herramientas —urbanismo, fiscalidad, regulación del alquiler y construcción— continúan en manos nacionales, regionales y municipales.
La presión es especialmente visible en grandes áreas urbanas y destinos turísticos. Barcelona, Madrid, París, Lisboa, Dublín o Ámsterdam afrontan combinaciones diferentes de falta de oferta, crecimiento demográfico, inversión y usos turísticos. Euronews ha documentado además cómo el coste de la vivienda absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos de numerosos hogares europeos.
Después de la energía, una nueva prueba para el poder adquisitivo
La comparación con la crisis energética tiene límites. La subida de los carburantes y de la electricidad podía abordarse mediante fiscalidad, ayudas temporales, reservas y política energética común. La vivienda responde a ciclos de construcción largos y a mercados profundamente locales. Levantar nueva oferta requiere suelo, permisos, inversión e infraestructuras durante años.
Pero ambas crisis comparten un efecto político y económico: reducen la renta disponible de los hogares. Cuando alquileres o hipotecas absorben una parte creciente del salario, cae la capacidad de consumir, ahorrar o desplazarse hacia las zonas donde se concentra el empleo.
España puede convertirse así en un caso de estudio europeo, no porque sus soluciones sean automáticamente exportables, sino porque está intentando combinar controles, incentivos fiscales, protección social y aumento de oferta dentro de un mismo paquete.
El desafío para Bruselas será determinar hasta dónde puede intervenir sin invadir competencias nacionales. La crisis del alojamiento ya ha dejado de ser únicamente una cuestión inmobiliaria: afecta a la movilidad laboral, la competitividad de las ciudades, la demografía y el poder adquisitivo. Y eso la convierte cada vez más en una cuestión europea.
