BRUSELAS — Maricarmen Abascal tiene 87 años y vivía desde 1956 en el mismo piso del barrio madrileño del Retiro. Su desahucio esta semana, después de tres intentos suspendidos, ha convertido una historia individual en un símbolo político. Pero el problema que revela supera Madrid y España: Europa acumula años de encarecimiento de la vivienda sin que los poderes públicos hayan conseguido aumentar la oferta al ritmo necesario.
España es uno de los ejemplos más visibles. El Banco de España calcula un déficit acumulado de unas 755.000 viviendas entre 2021 y 2025 y advierte de que podría añadirse alrededor de otras 300.000 hasta 2028 si continúan las tendencias actuales. La distancia entre la creación de hogares y la construcción nueva explica una parte creciente de la presión sobre precios y alquileres.
La crisis tiene formas distintas en París, Barcelona, Madrid, Lisboa, Ámsterdam o Dublín, pero comparte elementos: suelo escaso o lento de desarrollar, años necesarios para tramitar proyectos, costes de construcción elevados, concentración del empleo en grandes áreas urbanas y un parque público o asequible insuficiente en numerosos Estados.
Bruselas entra en un terreno hasta ahora nacional
La vivienda continúa siendo principalmente competencia de los Estados, regiones y municipios. La Unión Europea no fija los alquileres ni decide dónde se construyen viviendas sociales. Sin embargo, la dimensión continental de la crisis ha obligado a Bruselas a intervenir cada vez más mediante financiación, reglas sobre ayudas de Estado, eficiencia energética y regulación de determinadas actividades vinculadas al mercado inmobiliario.
La Comisión ha situado la vivienda asequible entre sus prioridades y la UE prepara nuevas herramientas para movilizar inversión. El Parlamento Europeo también ha elevado el asunto en su agenda. El cambio es político: la vivienda ha dejado de tratarse únicamente como política social local para convertirse en una cuestión de competitividad, movilidad laboral y cohesión europea.
¿Qué puede funcionar?
No existe una medida única. Proteger temporalmente a hogares vulnerables puede evitar situaciones de emergencia como un desahucio sin alternativa, pero no crea por sí mismo nuevas viviendas. Limitar precios puede aliviar determinados contratos, aunque su eficacia depende del diseño y de cómo reaccione la oferta. Construir más requiere suelo disponible, licencias más rápidas, inversión pública y privada y años de ejecución.
La respuesta pasa por combinar escalas. Los Estados pueden reforzar parques públicos y asequibles, movilizar vivienda vacía, simplificar procedimientos y proteger a los hogares vulnerables. Las ciudades pueden actuar sobre planeamiento, licencias y usos turísticos. La UE puede ampliar financiación, flexibilizar determinadas ayudas públicas y orientar capital hacia vivienda asequible sin sustituir las competencias nacionales.
También existe una cuestión de tiempo. Europa necesita aumentar la oferta estructural, pero las familias que afrontan hoy una pérdida de vivienda no pueden esperar varios años a que terminen nuevas promociones. De ahí la necesidad de separar las medidas de emergencia de las reformas capaces de corregir el déficit.
Maricarmen, un caso que puede repetirse
El caso de Maricarmen ha reabierto esa tensión en España. Sumar pide expropiar su vivienda y reclama al PSOE que el nuevo decreto antidesahucios llegue al próximo Consejo de Ministros. Pedro Sánchez ha pedido al Congreso apoyo para aprobar nuevas protecciones. Ninguna de esas decisiones, por sí sola, resuelve el desequilibrio entre hogares y viviendas disponibles.
La cuestión europea ya no es únicamente cómo impedir el próximo desahucio, sino cómo evitar que dentro de cinco años las administraciones sigan gestionando emergencias provocadas por la misma escasez. La solución exige dos velocidades: protección inmediata para quien puede perder su hogar y una expansión sostenida de la vivienda asequible. Sin la segunda, los Estados seguirán interviniendo sobre las consecuencias de una crisis cuya causa estructural permanece intacta.
