MADRID — Pedro Sánchez ha pedido este miércoles «altura de miras y responsabilidad» a los grupos parlamentarios para convalidar el nuevo real decreto ley de vivienda que prepara el Gobierno, después de que el desahucio de Maricarmen, de 87 años, haya reabierto la presión política para reforzar la protección de las personas vulnerables.
El presidente del Gobierno se ha pronunciado desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sánchez ha apelado a la empatía ante casos como el de la vecina madrileña y ha trasladado al Congreso la necesidad de reunir una mayoría suficiente para sacar adelante las nuevas medidas.
El llamamiento llega después de que Maricarmen fuera desalojada este miércoles de la vivienda del distrito de Retiro en la que residía desde hacía siete décadas. Sanitarios del Samur la sacaron en camilla tras ejecutarse el lanzamiento judicial, en una jornada marcada por la presencia de cientos de vecinos y activistas ante el inmueble.
El decreto vuelve al centro de la negociación parlamentaria
El Gobierno lleva meses intentando reconstruir una mayoría para aprobar nuevas medidas de protección frente a los desahucios. A finales de julio, PSOE y Sumar anunciaron un nuevo real decreto ley destinado a proteger a familias vulnerables, después de que iniciativas anteriores no lograran los apoyos necesarios en el Congreso.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido este miércoles a los grupos que respalden el próximo texto y ha recordado que desde julio disponen de una propuesta para reforzar estas protecciones. La convalidación de cualquier real decreto ley exige posteriormente una mayoría en el Congreso.
La cuestión ha abierto además diferencias dentro de la coalición. Sumar reclama al PSOE que el decreto sea aprobado inmediatamente por el Consejo de Ministros. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha exigido que se cumpla el acuerdo alcanzado en el Gobierno y ha vinculado directamente la urgencia de la medida con el desahucio ejecutado en Madrid.
Presión desde varios frentes
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido que el texto llegue al Consejo de Ministros del próximo martes. Desde Podemos también se reclama recuperar por decreto la protección de las familias vulnerables frente a los lanzamientos.
El Gobierno sostiene que anteriores medidas fueron rechazadas por PP, Vox y Junts. La oposición y otros grupos han cuestionado distintos aspectos de la política de vivienda del Ejecutivo y las fórmulas de intervención del mercado, por lo que la aprobación del nuevo decreto dependerá de su contenido definitivo y de una negociación parlamentaria todavía abierta.
El caso de Maricarmen ha acelerado esa discusión. La mujer pagaba un alquiler de renta antigua y su situación había atravesado varios procedimientos y tres intentos de lanzamiento anteriores. El desahucio fue finalmente ejecutado este miércoles al cuarto intento.
El movimiento de inquilinos ha convocado protestas en doce ciudades y exige que el decreto se desbloquee. El Gobierno deberá ahora convertir el llamamiento de Sánchez en una mayoría parlamentaria suficiente: la fecha de aprobación del texto por el Consejo de Ministros y los apoyos para su posterior convalidación continúan sin estar cerrados.
