MADRID — El Tribunal Constitucional ha dado este martes un paso decisivo hacia la aplicación de la ley de amnistía a la malversación del procés. El magistrado José María Macías, ponente del recurso de Jordi Turull y hasta ahora contrario a la medida, ha asumido la posición de la mayoría favorable del pleno para redactar la resolución. El cambio allana la vía para que el exconseller pueda beneficiarse de la amnistía, aunque la sentencia todavía no ha sido dictada.
La evolución se produce durante la deliberación del primer recurso de amparo presentado por uno de los principales dirigentes del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a la malversación. El resultado tendrá una importancia que supera el caso de Turull porque la doctrina que establezca el Constitucional servirá de referencia para los recursos posteriores, incluido el de Carles Puigdemont.
Macías cambia la ponencia, no su posición personal
Macías había preparado inicialmente un borrador que respaldaba el criterio del Supremo. Consideraba que la interpretación sobre el beneficio patrimonial derivado del uso de fondos públicos no era imprevisible y permitía excluir la malversación de la amnistía. Esa propuesta no contaba, sin embargo, con apoyo suficiente dentro del Constitucional.
La novedad es que el ponente ha optado por asumir el criterio de la mayoría y mantener la redacción de la sentencia en lugar de ceder la ponencia a otro magistrado. Esto no implica necesariamente que Macías haya cambiado su criterio jurídico personal: puede plasmar su discrepancia mediante un voto particular.
El movimiento evita además tener que designar un nuevo ponente y acerca la elaboración de una resolución favorable a Turull. La decisión definitiva deberá recoger los argumentos jurídicos de la mayoría y determinar en qué condiciones la malversación vinculada al referéndum del 1-O queda cubierta por la Ley Orgánica 1/2024.
La doctrina que espera Puigdemont
El Tribunal Supremo ha rechazado hasta ahora aplicar la amnistía a esta malversación al considerar que existió un beneficio patrimonial indirecto. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea despejó en julio otra de las objeciones al descartar que esos hechos afectaran a los intereses financieros de la Unión.
La resolución sobre Turull puede modificar ahora el escenario judicial de los demás dirigentes del procés. Fuentes del Supremo citadas por Europa Press ya habían indicado que el juez Pablo Llarena prevé estudiar la aplicación de la doctrina constitucional a Puigdemont cuando conozca los términos exactos de la sentencia, sin necesidad de esperar necesariamente a que el TC resuelva el recurso individual del expresident.
Sobre Puigdemont continúa vigente una orden nacional de detención. Por tanto, el avance producido este martes no supone todavía su amnistía ni el levantamiento automático de esa medida. La clave será el contenido final de la sentencia sobre Turull y, posteriormente, la aplicación que los órganos judiciales hagan de la doctrina fijada por el Constitucional.
