PARÍS — Francia entra en la batalla por el presupuesto de 2027 con una cifra que resume la magnitud del ajuste: alrededor de 54.000 millones de euros. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha fijado como objetivo reducir el déficit público al 5% del PIB, incluyendo el aumento previsto del gasto militar. Sin nuevas medidas, Matignon estima que el desequilibrio podría acercarse al 6,5%.
El Gobierno presenta la estrategia como una reducción del gasto compatible con la «estabilidad fiscal». El esfuerzo partirá del propio Estado: salvo Defensa y la carga de la deuda, el presupuesto estatal quedaría congelado en valor respecto a 2026. Este nuevo arbitraje añade alrededor de 1.200 millones de euros de ahorro frente a los límites ministeriales considerados anteriormente.
Hogares, empresas y administraciones bajo presión
La cuestión central será dónde se concentran los 54.000 millones. Lecornu ha avanzado que Justicia, Interior, Investigación y Ecología conservarán aumentos de créditos, mientras otros departamentos deberán recortar. Trabajo afrontaría unos 2.500 millones de esfuerzo y la congelación del punto de los funcionarios permitiría obtener alrededor de 2.000 millones, con consecuencias también para las administraciones territoriales.
Para hogares y empresas, la promesa de estabilidad fiscal reduce por ahora el riesgo de una subida generalizada de impuestos, pero no elimina el impacto indirecto del ajuste. Menor gasto público, cambios en ayudas, inversión o empleo público pueden trasladarse al consumo y a la actividad privada, en un contexto marcado además por energía cara y costes de financiación elevados.
Occitanie y los Pirineos, pendientes de la inversión
En la Eurorregión, el presupuesto será especialmente relevante para Occitanie y los Pirineos Orientales. Las decisiones sobre transferencias a las colectividades, infraestructuras, transporte, transición energética, vivienda y apoyo empresarial determinarán cuánto del esfuerzo nacional llega a los territorios.
El debate presupuestario coincide además con el avance en la Asamblea Nacional del proyecto de ley de relanzamiento y descentralización de la vivienda, ya modificado por el Senado. La comisión de Finanzas examinó este jueves varios de sus artículos. Vivienda y financiación local se cruzarán así con una negociación presupuestaria que se anuncia difícil en un Parlamento fragmentado.
El objetivo del 5% sigue siendo una trayectoria política, no un resultado adquirido. El verdadero alcance del presupuesto dependerá ahora del detalle de los recortes, de las previsiones económicas y, sobre todo, de la mayoría que el Gobierno sea capaz de construir para aprobarlo.
