CEUTA — Pedro Sánchez ha remitido al presidente de Ceuta, Juan Vivas, las preguntas sobre la situación de los menores migrantes que permanecen en las calles de la ciudad autónoma tras la crisis migratoria. Preguntado por esta cuestión, el presidente del Gobierno respondió: «Eso pregúnteselo a Vivas», trasladando el foco hacia la administración ceutí.
La respuesta se produce en un momento en el que la gestión de los menores no acompañados se ha convertido en uno de los frentes más sensibles de la crisis. La presencia de jóvenes fuera de los recursos de acogida mantiene abierta la discusión sobre la capacidad asistencial de Ceuta y sobre el reparto de responsabilidades entre la ciudad autónoma y el Estado.
Una cuestión de competencias
La protección de los menores corresponde a las comunidades y ciudades autónomas, mientras que el Estado mantiene competencias fundamentales en inmigración, fronteras, seguridad y traslados. Esa división administrativa está en el centro del debate político después del fuerte aumento de las necesidades de acogida provocado por las llegadas registradas en Ceuta.
Las autoridades ceutíes han advertido en distintas ocasiones de la presión que soporta su sistema de protección. La situación resulta especialmente compleja cuando los recursos disponibles se encuentran saturados y algunos menores permanecen fuera de los centros, una circunstancia que obliga a combinar protección, identificación y atención social.
La crisis entra en una fase de gestión
El episodio se produce mientras Ceuta reorganiza su dispositivo migratorio. Tras la fase de emergencia, las administraciones afrontan ahora la gestión de las personas que permanecen en la ciudad, los traslados hacia otros recursos y la adaptación de las capacidades de acogida.
La cuestión de los menores añade una dimensión específica porque su protección está sometida a garantías diferentes de las aplicables a los adultos. Cualquier decisión debe atender al interés superior del menor y a su situación individual.
La respuesta de Sánchez evidencia además que el debate sobre Ceuta ya no se concentra únicamente en la frontera. La gestión posterior a las llegadas, la acogida y la distribución de responsabilidades entre administraciones se convierten ahora en una parte central de la crisis.
