MADRID — El Gobierno estudia si puede acudir al Tribunal Constitucional después de que el Tribunal Supremo rechazara levantar la suspensión cautelar que afecta a la inscripción electoral de los españoles nacionalizados mediante la llamada ley de nietos. La decisión judicial mantiene el obstáculo para su participación en las elecciones generales del 29 de noviembre y abre un nuevo frente jurídico a pocas semanas de la votación.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó este lunes los recursos de la Abogacía del Estado contra las medidas cautelares acordadas el 10 de septiembre. El litigio gira en torno a la incorporación de nuevos electores al Censo Electoral de Residentes Ausentes, el CERA, y a los riesgos de irregularidades señalados por el tribunal. La resolución cautelar no equivale a una sentencia definitiva sobre la validez de la norma de nacionalidad.
El Ejecutivo examina las vías jurídicas
Fuentes gubernamentales señalaron durante la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real que estudiarán la posibilidad de recurrir al Constitucional. No se ha anunciado todavía la presentación de un recurso ni se ha confirmado que esa vía procesal sea admisible. El Ejecutivo lamenta el alcance de la decisión sobre el ejercicio del sufragio de los nuevos españoles residentes en el exterior.
La medida cautelar responde a recursos impulsados por Vox e Iustitia Europa. El Supremo ha mantenido su posición pese a los argumentos de la Abogacía del Estado, que pedía permitir las inscripciones. La controversia enfrenta la garantía del derecho de voto con las exigencias de control del censo y los plazos de organización electoral.
Reacciones cruzadas ante el 29 de noviembre
El Partido Popular celebró la resolución y acusó al Gobierno de haber actuado de manera irresponsable, mientras el PSOE reprochó a la derecha su postura ante los derechos de los descendientes de españoles en el extranjero. Son valoraciones políticas contrapuestas sobre una medida judicial que continúa siendo provisional.
La cuestión tiene especial repercusión entre las comunidades de descendientes de emigrantes españoles, principalmente en América Latina. A falta de una nueva resolución, la suspensión sigue vigente de cara al 29-N. El alcance concreto para cada elector dependerá de su situación censal y de las instrucciones de la administración electoral.
