MADRID — Alberto Núñez Feijóo ha exigido que Pedro Sánchez comparezca ante la Diputación Permanente del Congreso por la entrada de buques militares marroquíes en aguas españolas de Ceuta durante la crisis migratoria del 30 y 31 de julio. El PP ha trasladado los hechos a la Audiencia Nacional, donde está personado en el procedimiento sobre aquella crisis.
El líder popular considera las incursiones de una «gravedad extraordinaria» y acusa al Gobierno de ocultar información al Parlamento y a los ciudadanos. Sánchez reconoció el incidente, que según explicó fue abordado mediante contactos de alto nivel. Las acusaciones de Feijóo sobre la actuación del Ejecutivo no constituyen conclusiones judiciales.
Explicaciones en la Diputación Permanente
El PP reclama que el presidente dé explicaciones ante el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias cuando las Cortes están disueltas. Como precedente cita una comparecencia del ministro de Defensa Alberto Oliart en octubre de 1982, aunque entonces fue solicitada por el propio Gobierno.
De Ceuta a la Audiencia Nacional y Bruselas
Feijóo anunció el miércoles 14 de octubre que su partido había puesto las informaciones sobre los buques marroquíes en conocimiento de la Audiencia Nacional. Esta actuación no equivale a una resolución judicial. La acusación popular del denominado caso Ceuta también ha pedido diligencias para aclarar los movimientos de las embarcaciones y la respuesta de las autoridades españolas.
El dirigente del PP avanzó además que trasladaría el asunto a los responsables del Partido Popular Europeo en Bruselas, antes del Consejo Europeo. Aseguró que aspira a mantener buenas relaciones con Marruecos, pero condicionadas al respeto mutuo y la reciprocidad.
El Gobierno invoca la seguridad nacional
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió que la presencia de los barcos marroquíes «no tiene nada que ver» con la entrada masiva de migrantes. Defendió que Sánchez no detallara el episodio durante su comparecencia del 3 de septiembre porque, según explicó, se trataba de una cuestión de seguridad nacional que debía gestionarse de forma reservada.
El enfrentamiento político abre un nuevo capítulo sobre el alcance del control parlamentario de los incidentes militares y diplomáticos en la frontera exterior de la Unión Europea.
