BRUSELAS — La Comisión Europea ha respaldado la posibilidad de retornar a Marruecos a los migrantes que permanezcan de forma irregular en Ceuta, incluidos los menores extranjeros no acompañados. El pronunciamiento de Bruselas introduce un nuevo elemento en la gestión de la crisis migratoria abierta a finales de julio, aunque cualquier devolución de menores deberá respetar las garantías específicas previstas por la legislación europea.
El portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, señaló que la Comisión espera que las personas que permanezcan ilegalmente en la ciudad autónoma sean retornadas. Bruselas considera que las normas europeas contemplan disposiciones específicas para los menores no acompañados y se ha mostrado dispuesta a facilitar la cooperación entre España y Marruecos para organizar estos procedimientos.
La Comisión también ha valorado el compromiso del Gobierno español de no trasladar a la Península a las personas que permanezcan irregularmente en Ceuta. La cuestión de los traslados se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión desde el comienzo de la crisis.
Más de 2.000 menores identificados
El Ministerio del Interior había contabilizado 2.168 menores identificados en Ceuta desde las entradas masivas de finales de julio, según los datos recogidos por Europa Press. Su situación plantea uno de los desafíos más complejos para las autoridades españolas por las obligaciones adicionales de protección que implica su condición de menores.
El respaldo europeo no supone, sin embargo, una autorización para realizar devoluciones colectivas o automáticas.
CEAR, Accem y ACNUR reaccionaron posteriormente recordando que cualquier procedimiento debe preservar el interés superior del menor. Las organizaciones insisten en la necesidad de analizar cada expediente individualmente y determinar si existen condiciones adecuadas para efectuar el retorno.
Retornos bajo garantías específicas
La normativa europea permite el retorno de menores no acompañados, pero establece salvaguardias adicionales. Antes de ejecutar una devolución debe analizarse la situación particular del menor y garantizarse que pueda ser entregado a su familia, a un tutor o a unas instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno.
El pronunciamiento de Bruselas refuerza así la posición de España sobre la posibilidad jurídica de organizar retornos a Marruecos, pero no elimina las obligaciones de protección.
La gestión de los menores, junto con la situación de las personas que continúan en Ceuta y la cooperación con Rabat, permanece de esta forma en el centro de una crisis que ha adquirido una dimensión española, marroquí y europea.
