BARCELONA — El Ayuntamiento de Barcelona ha cerrado 150 expedientes fiscales a empresas que gestionan viviendas y apartamentos turísticos. Las actuaciones han generado 457 liquidaciones del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) por 835.200,76 euros. La regularización también incrementa en 220.302,94 euros el padrón anual de este tributo, una cantidad recurrente mientras continúen las actividades afectadas.
Los expedientes forman parte del Plan de regularización fiscal del sector turístico, impulsado por el Institut Municipal d’Hisenda en colaboración con la Agència Tributària de Catalunya. El programa comprueba que las empresas explotadoras estén inscritas en el epígrafe correcto del IAE cuando su cifra de negocios supera el millón de euros anual. También revisa la superficie y el número de alojamientos declarados.
463 empresas bajo inspección hasta 2028
Desde el inicio del plan en 2024 y hasta 2028, el consistorio prevé inspeccionar 463 empresas propietarias o explotadoras de 2.281 viviendas de uso turístico y 280 apartamentos turísticos. La fase en curso incluye procedimientos sobre 99 sociedades que tributan por la explotación de 1.300 viviendas y otros tres relativos a compañías que gestionan 105 apartamentos.
El dispositivo se apoya en el cruce de datos. La Agència Tributària de Catalunya ha facilitado información sobre alojamientos de personas jurídicas que abonaron el impuesto sobre las estancias turísticas. El servicio municipal ha comparado esos registros con las entidades censadas en las actividades de alquiler y hospedaje. Las comprobaciones pueden revelar además obras no declaradas, valores catastrales pendientes de regularización y efectos sobre el IBI o el impuesto de construcciones.
Una tercera fase para las empresas no declaradas
Entre 2027 y 2028, la inspección alcanzará al resto de entidades que ejercen actividades de alojamiento turístico sin constar como declarantes de una actividad económica relacionada. Jordi Valls, primer teniente de alcaldía de Economía, Vivienda, Hacienda y Turismo, afirma que la ciudad quiere garantizar el cumplimiento tributario hasta la supresión anunciada en 2028 de las licencias de viviendas turísticas.
El Ayuntamiento presenta la fiscalidad como una herramienta para ordenar el sector, reducir su impacto sobre el acceso a la vivienda y avanzar hacia un turismo más equilibrado. Los 835.200 euros son cantidades liquidadas mediante los expedientes cerrados: no corresponden a la tasa turística ni a nuevas sanciones municipales.
