MADRID — Alberto Núñez Feijóo ha presentado este 19 de octubre su «Contrato con España», una propuesta de doce compromisos con la que el Partido Popular quiere situar de nuevo a la clase media en el centro del crecimiento económico. El programa reúne objetivos que conectan con algunas de las principales preocupaciones de los hogares: acceso a la vivienda, poder adquisitivo, salarios, impuestos y pensiones. La pregunta, sin embargo, no se resuelve con la aceptación social de esas metas. ¿Es económicamente viable cumplirlas a la vez?

El líder del PP plantea construir un millón de viviendas, reducir la carga fiscal, favorecer la mejora de los salarios y mantener la revalorización de las pensiones conforme al índice de precios de consumo. Son compromisos de naturaleza distinta: unos dependen directamente del presupuesto público; otros exigen acuerdos con comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas; y otros necesitan cambios que solo producen resultados a medio plazo. Evaluarlos como si fueran medidas intercambiables oculta el principal problema de ejecución.

La clase media no recupera poder adquisitivo solo con pagar menos impuestos

Una rebaja tributaria puede aumentar de forma inmediata la renta disponible de determinados contribuyentes. Su impacto real depende de qué impuestos se reduzcan, a quién beneficien y cómo se compense la pérdida de recaudación. Los hogares con rentas bajas, que soportan una menor cuota del impuesto sobre la renta, pueden obtener menos ventajas de una reducción general del IRPF que de medidas dirigidas al coste de la vivienda, la energía o los servicios esenciales.

Además, una reducción de impuestos no garantiza por sí sola salarios más altos. Los sueldos dependen de la productividad, la negociación colectiva, la competencia por trabajadores y la composición sectorial del empleo. España mantiene una importante presencia de actividades de servicios con márgenes y productividad heterogéneos. Sin inversión, formación y mejoras organizativas, el aumento sostenido de los salarios no puede darse por asegurado.

Un millón de viviendas: objetivo cuantificable, ejecución compleja

La promesa de construir un millón de viviendas es una de las más concretas del contrato, pero también una de las que requiere más condiciones previas. El resultado dependerá de los plazos previstos, la disponibilidad de suelo, los procedimientos urbanísticos, la financiación, la mano de obra y la capacidad de ejecución de promotores públicos y privados. Una cifra agregada no indica por sí sola cuántas viviendas serán asequibles, dónde se levantarán o qué proporción se destinará al alquiler.

El desafío es especialmente visible en Barcelona y otras áreas metropolitanas, donde la presión sobre el mercado residencial condiciona la capacidad de los trabajadores para instalarse cerca de sus empleos. Si la oferta adicional se concentra lejos de los centros de actividad o llega demasiado tarde, su efecto sobre el presupuesto de la clase media será limitado. La coordinación con comunidades autónomas y municipios será decisiva, porque una parte sustancial de las competencias urbanísticas no depende del Gobierno central.

Pensiones e inversión pública: la restricción presupuestaria

Mantener la actualización de las pensiones conforme al IPC protege el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación. Al mismo tiempo, consolida compromisos de gasto que deben financiarse año tras año. Si el programa incorpora además nuevas inversiones y rebajas fiscales, necesita explicar cómo evolucionarán los ingresos públicos, qué partidas se priorizarán y qué calendario de aplicación se contempla.

El crecimiento económico podría generar recaudación adicional, pero su magnitud y su calendario no pueden anticiparse como ingresos garantizados. La viabilidad presupuestaria debe medirse sobre escenarios prudentes, teniendo en cuenta las reglas fiscales europeas, el coste de la deuda y la presión demográfica. Sin una memoria económica que cuantifique el coste neto de cada compromiso, no es posible concluir que el conjunto sea financiable ni que resulte inviable: falta la información necesaria para comprobarlo.

¿Quién se beneficia y cuándo?

El término «clase media» agrupa situaciones muy distintas. Un hogar propietario sin hipoteca, una pareja que dedica buena parte de su salario al alquiler y una familia con hijos y una hipoteca variable no responden igual a las mismas políticas. Tampoco coinciden los intereses de quienes están próximos a jubilarse y los de los jóvenes que intentan acceder a su primera vivienda.

Por eso, la evaluación del contrato exige indicadores verificables: evolución de la renta disponible por tramos de ingresos, esfuerzo destinado a vivienda, crecimiento de los salarios reales, productividad por hora trabajada, empleo estable y efecto distributivo de las medidas fiscales. El número de viviendas terminadas debe diferenciarse del de las anunciadas o iniciadas, y las mejoras salariales nominales deben compararse con la inflación.

Una propuesta política todavía pendiente de prueba económica

El contrato de Feijóo identifica problemas relevantes y fija prioridades reconocibles, pero la viabilidad no depende únicamente de la coherencia del discurso. Requiere un presupuesto detallado, un reparto claro de competencias, un calendario realista y mecanismos para evaluar resultados. También exige explicitar las decisiones difíciles: qué medidas se aplicarían primero y cuáles podrían aplazarse si el crecimiento o la recaudación fueran inferiores a lo previsto.

La clase media puede ganar peso económico si aumenta su renta real y disminuye la parte de sus ingresos absorbida por gastos básicos, especialmente la vivienda. Que el «Contrato con España» consiga ese resultado sigue siendo una cuestión abierta: el programa anuncia el destino, pero todavía no permite comprobar con precisión el coste y el recorrido.