BRUSELAS — El petróleo vuelve a tensionar la factura de los automovilistas europeos. El Brent ronda los 95 dólares por barril tras subir más de un 7% en una semana, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán, las restricciones en el estrecho de Ormuz y los ataques contra refinerías rusas reducen el margen de seguridad del mercado. En Europa, además, los márgenes de refino se han disparado: los de la gasolina han superado los 62 dólares por barril y los del diésel han llegado a rozar los 79 dólares.
Ante esta escalada, Bruselas parece tener instrumentos limitados para actuar directamente sobre el precio que paga un conductor. La razón principal es institucional: la Unión Europea vigila el mercado y fija reglas comunes, pero no determina el precio de los carburantes ni decide la mayor parte de su fiscalidad.
Los impuestos siguen en manos de los Estados
La directiva europea sobre fiscalidad energética establece mínimos de 359 euros por 1.000 litros para la gasolina sin plomo y 330 euros para el gasóleo. A partir de ahí, cada Estado puede aplicar impuestos especiales superiores. El IVA también forma parte de la fiscalidad nacional dentro del marco europeo.
Por eso una rebaja general en los surtidores tendría que llegar fundamentalmente de Madrid, París, Berlín o Roma. La Comisión puede flexibilizar las normas sobre ayudas de Estado y acompañar medidas temporales y focalizadas para hogares, pymes o sectores expuestos, pero no puede ordenar por sí sola una reducción uniforme de los impuestos sobre los carburantes en los Veintisiete.
Bruselas tampoco parece querer repetir de forma automática las ayudas generalizadas desplegadas durante la crisis energética de 2022. La propia Comisión defiende ahora intervenciones temporales y dirigidas, que preserven los incentivos al ahorro energético y eviten nuevas subvenciones permanentes a los combustibles fósiles.
Reservas para una crisis de suministro, no para fijar precios
Europa dispone de otra herramienta: las reservas estratégicas. Los Estados deben mantener existencias equivalentes al menos a 90 días de importaciones netas o 61 días de consumo. Este año, además, los países europeos participaron en la liberación coordinada por la Agencia Internacional de la Energía de unos 400 millones de barriles para compensar las pérdidas de oferta.
Pero esas reservas están diseñadas ante todo para afrontar interrupciones graves del suministro. La Comisión todavía afirmaba a finales de julio que Europa podía cubrir su demanda mediante existencias comerciales y proveedores alternativos. Mientras haya combustible disponible, aunque sea caro, utilizar masivamente las reservas únicamente para abaratar el surtidor consumiría una protección estratégica concebida para una emergencia física.
Una dependencia que limita la respuesta
El problema de fondo sigue siendo la dependencia exterior. La UE importa alrededor del 95% del crudo que consume y el transporte absorbe cerca del 70% de su suministro de petróleo. Bruselas puede diversificar proveedores, coordinar reservas y acelerar la electrificación, pero no controlar el Brent ni los márgenes internacionales de refino.
La escalada actual resume así la paradoja europea: la UE tiene capacidad para proteger el abastecimiento, pero mucha menos para aislar a los consumidores de un shock mundial de precios. Una intervención inmediata en el surtidor depende sobre todo de los presupuestos nacionales; la estrategia comunitaria apuesta, a más largo plazo, por reducir el consumo de petróleo para disminuir precisamente esa exposición.
