MADRID — El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo, sobre un informe que habría alertado de la participación de agentes marroquíes en la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio. La solicitud fue trasladada durante la noche del 1 al 2 de septiembre y ha trascendido después de que fuentes jurídicas confirmaran que el documento fue remitido a la Audiencia Nacional.
La cadena de información, en el centro del caso
El contenido atribuido al informe apunta a que miembros de las fuerzas marroquíes habrían intervenido o facilitado el avance de grupos hacia la frontera. La existencia y el alcance exacto del documento siguen pendientes de confirmación oficial, al igual que su fecha, el órgano que lo elaboró y las conclusiones completas.
El ministro quiere saber por qué no tuvo conocimiento de un informe que, según las informaciones publicadas, ya estaba en manos de la justicia. La cuestión desplaza el foco desde la actuación de Marruecos hacia la propia cadena de mando española: quién recibió el documento, cuándo fue trasladado y qué decisiones se tomaron a partir de sus advertencias.
Una versión que contradice la línea del Gobierno
Hasta ahora, el Ejecutivo de Pedro Sánchez había descartado disponer de información de inteligencia que implicara directamente a las autoridades marroquíes. El presidente defendió la cooperación con Rabat y sostuvo que no existían datos que permitieran atribuir al país vecino la organización de la crisis. También vinculó parte de la presión migratoria a la desinformación, los rumores sobre una resolución judicial y la acción de redes de tráfico.
Un informe policial con otra lectura abriría una contradicción política y operativa. No demostraría por sí solo una orden del Gobierno marroquí ni permitiría establecer responsabilidades penales, pero obligaría a revisar cómo se protegió una frontera sometida a una presión excepcional. Más de 70.000 personas llegaron a entrar en Ceuta durante el episodio, según los balances difundidos, y miles permanecieron después en la ciudad.
El Gobierno reclama cautela mientras crece la presión
Interior ha evitado presentar el documento como una prueba definitiva. La respuesta de la Dirección General de la Policía, la posición de La Moncloa y cualquier reacción de Rabat serán determinantes para establecer si se trata de un informe operativo, una alerta preventiva o una investigación con evidencias concretas.
La polémica llega cuando el Gobierno intenta recuperar el control político de la crisis mediante ayudas económicas, refuerzos de seguridad y una futura visita del Rey, todavía sin fecha. Si se confirma que una advertencia relevante fue transmitida a la Audiencia Nacional y no llegó al ministro, el problema ya no sería únicamente cómo actuó Marruecos, sino cómo funcionó la respuesta del Estado español.
