PALMA — Trabajar para el Estado en Baleares tendrá una compensación económica mayor por el coste de residir en las islas. El Congreso ha convalidado el Real Decreto-ley 19/2026, que además de recuperar la jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones Públicas incorpora la revisión del complemento de residencia de los empleados públicos estatales destinados en el archipiélago.
La norma salió adelante con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones y continuará ahora su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá introducir modificaciones.
En Baleares, sin embargo, una parte importante de sus efectos ya se nota en las nóminas.
Hasta 697 euros mensuales fuera de Mallorca
El Consejo de Ministros fijó en julio las nuevas cuantías. En Mallorca, la indemnización mensual oscila entre 105,31 euros para las agrupaciones profesionales y 214,61 euros para el subgrupo A1. La diferencia es considerable en Menorca, Ibiza y Formentera: entre 263,12 y 697,67 euros mensuales, según la categoría profesional.
Los nuevos importes tienen efectos económicos desde el 1 de julio de 2026.
La diferencia entre islas busca responder a un problema que desde hace años condiciona el funcionamiento de los servicios estatales: el elevado coste de la vivienda y las dificultades para mantener trabajadores públicos destinados en el archipiélago, especialmente fuera de Mallorca.
La insularidad se ha convertido así en una cuestión de funcionamiento de la propia Administración. Policía, Guardia Civil, Justicia, Seguridad Social y otros servicios estatales compiten por trabajadores en uno de los territorios con mayores costes residenciales de España.
También cambia la jubilación parcial
El decreto tiene una segunda vertiente. El personal laboral de las Administraciones Públicas podrá acceder nuevamente a la jubilación parcial mediante un sistema de relevo adaptado a las reglas de acceso al empleo público.
Las administraciones deberán planificar previamente estas jubilaciones y vincularlas a la incorporación de personal laboral fijo a tiempo completo. Hasta el 1 de abril de 2027 se establece además un régimen transitorio para facilitar la aplicación del nuevo sistema.
El Congreso convierte así dos problemas distintos —el relevo generacional en la Administración y las dificultades específicas de trabajar en territorios insulares— en una misma reforma. Para Baleares, el resultado más inmediato ya tiene una cifra concreta: hasta 697,67 euros mensuales por residencia para determinados empleados públicos destinados fuera de Mallorca.
