MADRID — El Gobierno ha aplazado al 4 de septiembre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debía celebrarse este miércoles para abordar el nuevo modelo de financiación autonómica. La decisión responde a la petición de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que reclaman más información y tiempo para analizar una reforma que determinará los recursos regionales durante los próximos años.
El Ministerio de Hacienda ha aceptado el cambio de fecha y lo presenta como una muestra de voluntad de diálogo. El departamento dirigido por Arcadi España sostiene que lleva meses ofreciendo reuniones técnicas a las autonomías y considera llamativo que la solicitud de aplazamiento llegue después de que Canarias anunciara su respaldo a la propuesta.
Los gobiernos del PP argumentan que la documentación recibida no permite evaluar el sistema en condiciones suficientes. Reclaman simulaciones completas y homogéneas para todas las comunidades, así como la memoria de cálculo utilizada para determinar el reparto. Sin esos elementos, aseguran, no pueden emitir un juicio fundado sobre una reforma de gran alcance presupuestario.
Casi 21.000 millones adicionales para las comunidades
La propuesta del Ejecutivo prevé movilizar 20.975 millones de euros adicionales para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales. El esquema incluye una mayor cesión del IRPF y del IVA, nuevos mecanismos de redistribución y fondos destinados a singularidades territoriales o competenciales.
El apoyo de Canarias tenía un peso político especial. El Gobierno central controla la mitad de los votos del Consejo y necesitaba sumar al menos una comunidad para sacar adelante su posición. El Ejecutivo canario calculó que el nuevo modelo podría aportarle unos 1.300 millones de euros adicionales al año.
La reforma también afecta directamente a Cataluña, cuyo acuerdo con el Gobierno ha marcado buena parte de la negociación. Para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el respaldo canario demostraba que el planteamiento podía incorporar singularidades sin perjudicar al resto de territorios. Sin embargo, el debate continúa siendo especialmente tenso entre las comunidades y dentro del Congreso.
El calendario de 2027 se complica
El objetivo inicial era que el nuevo sistema entrara en vigor el 1 de enero de 2027. El aplazamiento reduce el margen disponible para cerrar el acuerdo político, aprobar los cambios legislativos y adaptar la cesión de impuestos a cada comunidad del régimen común.
La votación del Consejo no será el último obstáculo. La reforma deberá pasar por el Congreso, donde el Gobierno necesitará reunir una mayoría suficiente. Junts ya ha avanzado su intención de presentar una enmienda a la totalidad, mientras que otras comunidades cuestionan la voluntariedad del sistema y el equilibrio del reparto.
La reunión de septiembre será, por tanto, una prueba decisiva para saber si el Ejecutivo puede transformar el acuerdo político en un modelo estable. Más allá del enfrentamiento entre partidos, el resultado condicionará la capacidad financiera de las autonomías y la prestación de servicios esenciales en Cataluña, Aragón, Baleares y el resto de España.
