MADRID — El Gobierno ha abierto la vía para conceder ayudas públicas a los territorios afectados por 211 emergencias de protección civil registradas entre el 31 de marzo y el 27 de julio en catorce comunidades autónomas. La decisión, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, incluye principalmente incendios forestales y activa además un nuevo mecanismo laboral para proteger los ingresos de las personas que no puedan acudir a su puesto de trabajo.
La declaración permite movilizar las medidas previstas para las zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. El número 211 corresponde a episodios catastróficos contabilizados y no necesariamente a 211 municipios. La relación territorial detallada y las condiciones definitivas deberán quedar recogidas en la documentación oficial y en las normas de desarrollo.
Una prestación de hasta cuatro meses
El principal elemento social es una nueva prestación extraordinaria equivalente al 70 % de la base reguladora. Podrá percibirse durante un máximo de cuatro meses y no exigirá un periodo mínimo previo de cotización. El tiempo cobrado tampoco consumirá los derechos futuros a la prestación ordinaria por desempleo.
La protección tendrá efectos retroactivos desde el 23 de julio y cubrirá a trabajadores que no puedan desarrollar su actividad como consecuencia directa de los incendios. Entre los supuestos previstos figuran la evacuación, la pérdida o inhabitabilidad de la vivienda, la interrupción de servicios básicos, la participación en tareas de limpieza y recuperación o la necesidad de atender a familiares afectados.
El paquete amplía además a cinco días el permiso laboral por fallecimiento cuando la muerte haya sido causada por los incendios. El objetivo es evitar que la emergencia ambiental se traduzca inmediatamente en pérdida de salario, consumo de prestaciones acumuladas o desprotección para las familias.
Ayudas para viviendas, empresas y ayuntamientos
La declaración abre también la puerta a indemnizaciones por daños personales y materiales, ayudas para viviendas y enseres, compensaciones a establecimientos industriales, comerciales y de servicios, apoyo a corporaciones locales y posibles beneficios fiscales. La cuantía final dependerá de la evaluación de los daños y de los requisitos aplicables a cada línea.
Para empresas y autónomos, las medidas podrán incluir mecanismos laborales, exenciones o moratorias de cotizaciones y ayudas por pérdida de actividad. El alcance exacto deberá confirmarse con la publicación del decreto, la relación de territorios y los procedimientos de solicitud.
Un impacto económico más allá de la extinción
Los incendios de julio han dañado viviendas, carreteras, explotaciones agrícolas, comercios, instalaciones turísticas y superficies forestales en numerosos territorios. Las ayudas convierten por tanto la emergencia en un asunto económico y laboral de alcance nacional: la recuperación dependerá tanto de la extinción como de la rapidez con la que hogares y empresas puedan volver a operar.
Los afectados deberán conservar fotografías, facturas, informes técnicos, denuncias y cualquier documento que permita acreditar los daños. Hasta que se publique el procedimiento completo, las administraciones recomiendan no descartar bienes dañados sin dejar constancia y comunicar los siniestros a aseguradoras y ayuntamientos.
