MADRID — A poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo ha dejado de presentar la relación con Vox como una cuestión que debe evitarse y ha pasado a describirla como una posibilidad de gobierno que dependerá de la composición del Congreso. El cambio no se limita a las declaraciones: el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y la formación de Santiago Abascal para coordinar candidaturas al Senado constituye una decisión electoral concreta.
Un análisis publicado por El HuffPost interpreta esta evolución como una sucesión de renuncias del dirigente popular frente a la presión de Vox. La tesis debe distinguirse de los hechos verificables: los pactos y las declaraciones públicas permiten documentar una modificación de estrategia, pero no demuestran por sí solos que todas las decisiones del PP respondan a imposiciones de Abascal.
Del Gobierno en solitario a la posibilidad de una coalición
Feijóo llegó a la dirección nacional del PP defendiendo una imagen de moderación y aspirando a gobernar con una mayoría suficiente para no depender de Vox. En una entrevista con la Cadena SER el 23 de octubre, sin embargo, no descartó compartir el Ejecutivo con ese partido si necesitaba sus escaños para reunir una mayoría parlamentaria. Presentó como prioridad política la salida de Pedro Sánchez de La Moncloa.
La evolución también afecta al principio de que gobierne la lista más votada, una fórmula que Feijóo reclamó con insistencia durante la campaña de 2023. Ahora evita convertir esa condición en un obstáculo absoluto para una investidura apoyada por otras fuerzas. No se trata de un cambio en las reglas constitucionales: en España, la Presidencia del Gobierno depende de obtener la confianza del Congreso.
El pacto del Senado convierte el acercamiento en una decisión electoral
El acuerdo entre PP y Vox coordina candidaturas en 31 circunscripciones para optimizar sus posibilidades de obtener escaños en la Cámara Alta. Los populares renuncian a presentar candidatos en Gipuzkoa, Girona y Tarragona, mientras que Vox retira sus candidaturas propias en seis provincias: Cádiz, Valencia, Castellón, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares. En algunas listas populares se incorporan perfiles propuestos por Vox como independientes.
Feijóo defendió el 27 de octubre este entendimiento como una operación táctica, argumentando que su partido no tenía opciones reales de conseguir determinados escaños y que ambas formaciones conservan su autonomía. El PP también presenta el pacto como respuesta a la coordinación electoral de partidos de izquierda. Por tanto, el acuerdo es una cesión recíproca de candidaturas, no una fusión de organizaciones ni un compromiso formal de gobierno conjunto.
Igualdad, memoria democrática y prioridades del programa
La aproximación plantea preguntas sobre el alcance de un eventual programa compartido. Feijóo ha anunciado que no mantendría el Ministerio de Igualdad como departamento independiente y ha defendido revisar aspectos de la legislación sobre eutanasia y el acceso de las menores al aborto sin conocimiento de sus padres. Son posiciones expresadas públicamente, aunque no equivalen a un programa de coalición ya negociado.
El HuffPost también señala posibles convergencias en cuestiones de memoria democrática, políticas culturales y criterios de preferencia nacional. En estos ámbitos conviene diferenciar las propuestas de Vox, los acuerdos autonómicos existentes y los compromisos expresos del candidato del PP: no toda demanda de un eventual socio constituye una medida asumida por Feijóo.
La tensión entre identidad propia y aritmética parlamentaria
El desafío del PP consiste en conservar un perfil diferenciado mientras reconoce que puede necesitar a Vox para gobernar. Los acuerdos autonómicos y el pacto del Senado ofrecen precedentes de negociación, pero no anticipan automáticamente el contenido de un futuro Ejecutivo ni permiten dar por hecho su composición.
La cuestión política central del 29 de noviembre no es únicamente cuántos escaños consiga cada partido. También será qué compromisos concretos estén dispuestos a asumir PP y Vox para alcanzar una investidura y cuáles de sus diferencias programáticas mantendrán una vez conocidos los resultados. Hasta entonces, hablar de renuncias es una interpretación política que debe contrastarse con cada decisión documentada.
