MADRID — La decisión del juez José Luis Calama de rechazar una comisión rogatoria a Arabia Saudí supone un revés judicial para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, su verdadero alcance no reside únicamente en la negativa a solicitar información a Riad, sino en el razonamiento del magistrado: la versión ofrecida por el exdirigente socialista sobre el origen de unas joyas intervenidas en su despacho carece, por ahora, de corroboración objetiva.
La resolución, dictada este martes 27 de octubre en el marco de la investigación del caso Plus Ultra, no establece que Zapatero haya cometido un delito. Tampoco determina definitivamente de dónde proceden las piezas. Cuestiona la utilidad de activar un mecanismo de cooperación judicial internacional para comprobar una explicación que, según el instructor, todavía no dispone de elementos externos que la respalden.
El problema de acreditar un regalo de 2007
Zapatero sostiene que tres juegos de joyería, compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros, fueron un regalo personal del entonces rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, durante su visita oficial a España en junio de 2007.
La visita está acreditada. La entrega de esas joyas, en cambio, no aparece respaldada por los documentos incorporados hasta ahora a la causa. Esta distinción es fundamental: el hecho de que dos jefes de Estado mantuvieran una relación institucional no demuestra que se produjera un obsequio concreto. El juez considera que la cooperación internacional no debe utilizarse para construir desde cero la prueba de una afirmación formulada por el propio investigado.
El rechazo no impide que la defensa aporte documentación por otras vías ni que recurra la resolución. Pero la explicación sobre el origen de las joyas continúa sin una confirmación independiente.
La paradoja del regalo institucional
Si las joyas fueron entregadas por un monarca extranjero durante una visita oficial, surge una pregunta: ¿debían incorporarse al patrimonio público español? El Código de Buen Gobierno aprobado en 2005, durante la presidencia de Zapatero, contemplaba la incorporación al patrimonio del Estado de los obsequios institucionales de especial significación.
La investigación dispone, además, de documentación relativa a otros regalos del rey saudí que sí fueron registrados como bienes públicos, entre ellos un reloj de sobremesa con esmeraldas. El contraste no demuestra por sí solo una apropiación indebida, pero obliga a examinar la naturaleza del supuesto regalo, las circunstancias de su entrega y las obligaciones que correspondían al presidente del Gobierno.
Ahí aparece una dificultad para la defensa: acreditar que las joyas procedían del monarca saudí podría resolver parte de las dudas sobre su origen, pero también abriría el debate sobre por qué permanecieron en posesión privada del expresidente.
¿Por qué Anticorrupción plantea investigar una posible malversación?
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ampliar la investigación para examinar un eventual delito de malversación. Su planteamiento parte de la hipótesis defendida por el propio Zapatero: si recibió joyas de considerable valor mientras presidía el Gobierno y estas debían formar parte del patrimonio público, su conservación en el ámbito privado podría tener relevancia penal.
Persisten, sin embargo, cuestiones esenciales sin resolver: la calificación jurídica de los objetos, su régimen de propiedad, las circunstancias de recepción y la eventual existencia de responsabilidad penal. El magistrado ha dejado para una resolución separada la petición de la Fiscalía. No puede afirmarse, por tanto, que la malversación esté acreditada ni que exista ya una decisión definitiva sobre esa ampliación.
Una cuestión de transparencia institucional
Más allá de la investigación penal, el caso plantea cómo distinguir un regalo personal de un obsequio recibido por razón del cargo. La frontera es especialmente delicada en las relaciones diplomáticas: un jefe de Gobierno recibe regalos porque representa a su país, aunque un objeto pueda presentarse como una atención personal.
Los registros patrimoniales y las normas de aceptación de regalos permiten documentar procedencia, valoración y destino sin depender, años después, de recuerdos o gestiones ante gobiernos extranjeros. En el caso de Zapatero, la ausencia de documentación sobre estas piezas constituye una dificultad probatoria relevante, pero la falta de un certificado no equivale automáticamente a demostrar un delito.
¿Qué cambia con la decisión de Calama?
La Audiencia Nacional no solicitará por ahora a Arabia Saudí la certificación reclamada por la defensa. La versión del expresidente sobre el origen de las joyas sigue pendiente de corroboración externa y continúa abierta la posibilidad de ampliar la investigación a una eventual malversación, conforme a la petición de Anticorrupción.
La repercusión política puede ser considerable para quien presidió el Gobierno entre 2004 y 2011, pero la responsabilidad política y la penal deben examinarse por separado. La decisión de Calama no cierra la investigación ni anticipa una condena. Sitúa el debate en una cuestión concreta: acreditar la procedencia de las joyas y determinar si podían permanecer legítimamente en manos privadas.
