MADRID — La compra de un ático de lujo por 6,3 millones de euros en el distrito madrileño de Chamberí vuelve al centro de la actualidad política y judicial. La Comunidad de Madrid y la empresa pública Planifica Madrid han solicitado al Tribunal de Cuentas el archivo de las actuaciones, al defender que la adquisición se ajustó plenamente a la legalidad. El órgano fiscalizador ha dado ahora cinco días a la Fiscalía para que examine las alegaciones presentadas el 16 de octubre y se pronuncie sobre si procede investigar o archivar el expediente. No existe todavía una resolución definitiva sobre el fondo.
Una compra pública de 6,3 millones que terminó en venta
Planifica Madrid adquirió en abril el inmueble, situado en el paseo del General Martínez Campos, por 6,3 millones de euros. El Gobierno regional justificó la operación por las necesidades de espacio asociadas a la futura reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia madrileña. Isabel Díaz Ayuso visitó el piso después de su compra, según confirmó el Ejecutivo autonómico, pero ha rechazado que estuviera destinado a su uso privado y sostiene que las operaciones inmobiliarias de la empresa pública no son competencia directa suya.
La Comunidad decidió posteriormente ponerlo a la venta. La primera licitación quedó desierta por falta de ofertas y Planifica Madrid acordó en septiembre mantener abierto el procedimiento hasta recibir una propuesta ajustada a los pliegos. El precio de salida se fijó en 6.694.201 euros, superior al importe de compra, sin que ello permita dar por recuperada la inversión mientras no se complete una venta.
El Tribunal de Cuentas debe decidir los siguientes pasos
El PSOE acudió al Tribunal de Cuentas para pedir que se examine si la operación produjo un perjuicio a los fondos públicos y quién autorizó la compra. Más Madrid también ha reclamado documentación y explicaciones sobre el procedimiento, las alternativas disponibles y los controles aplicados. El 8 de octubre, el órgano fiscalizador trasladó la acción pública socialista a su Sección de Enjuiciamiento y abrió un trámite para decidir si designaba un delegado instructor o archivaba las actuaciones.
La novedad del 19 de octubre es la respuesta formal del Ejecutivo regional: la Comunidad y Planifica Madrid defienden la legalidad de la adquisición y piden que se cierre el procedimiento. La Fiscalía debe pronunciarse sobre esos escritos. El trámite no equivale por sí mismo a una investigación concluida, ni acredita la existencia de responsabilidad contable.
Preguntas políticas y otra vía judicial
La oposición sigue cuestionando quién tomó la decisión, qué necesidad concreta justificaba el desembolso y qué alternativas se valoraron. El Gobierno madrileño sostiene que ya ha facilitado la documentación necesaria y rechaza las acusaciones. Por otra parte, una jueza de Madrid consultó a la Fiscalía sobre su competencia para tramitar denuncias relacionadas con la compra, dada la posible intervención de personas aforadas. Se trata de una vía distinta del procedimiento ante el Tribunal de Cuentas.
El caso ha vuelto además al debate público después de que Ayuso planteara trasladar temporalmente su despacho de la Puerta del Sol por las protestas allí instaladas. Entre las alternativas citadas figuran dependencias del Canal de Isabel II en Chamberí, no el ático de Planifica Madrid. La próxima decisión relevante será la que adopte el Tribunal de Cuentas tras recibir el criterio de la Fiscalía.
