PARÍS — La intervención televisada de Emmanuel Macron tras los disturbios del 17 de octubre ha provocado una oleada de críticas desde la derecha, la izquierda y las organizaciones sindicales francesas. El presidente condenó el domingo por la noche los incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos, pero no presentó medidas económicas inmediatas para responder a las reivindicaciones contra el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.
En un discurso de unos diez minutos, Macron expresó su «cólera» y «vergüenza» por las imágenes de violencia y distinguió entre los manifestantes pacíficos y quienes participaron en los destrozos. Según Reuters, anunció una revisión de los posibles fallos de inteligencia y preparación policial, autorizó a los prefectos a prohibir determinadas concentraciones cuando fuera necesario y encargó al Gobierno abrir conversaciones con estudiantes, sindicatos, docentes y representantes empresariales.
«Hablar para no decir nada», reprocha la oposición
El coordinador de La Francia Insumisa, Manuel Bompard, acusó al jefe del Estado de «hablar para no decir nada» y lamentó la ausencia de respuestas concretas a las demandas sociales. La secretaria general de la CGT, Sophie Binet, también criticó que el discurso no incluyera medidas sobre los salarios, el coste de la vida o el deterioro de los servicios públicos.
Las críticas llegaron igualmente desde la derecha. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, calificó de «lamentable» la intervención, mientras Bruno Retailleau, líder de Los Republicanos, reclamó declarar el estado de emergencia. El senador ecologista Yannick Jadot habló de una demostración de impotencia presidencial. La dirigente ecologista Marine Tondelier rechazó que las futuras reuniones políticas se convirtieran en un ejercicio de reprimenda, aunque reiteró la condena de la violencia.
Casi 2.400 detenciones y debate sobre el dispositivo policial
El discurso llegó después de una jornada de violencia urbana que dejó cerca de 2.400 detenidos el sábado, según el balance comunicado por las autoridades, y daños en comercios y edificios institucionales de París, Marsella, Lyon y Limoges. Los incidentes continuaron el domingo en la capital, donde la prefectura informó de 108 nuevas detenciones.
Macron rechazó confundir la protesta social con los actos violentos y pidió al ministro del Interior, Laurent Nuñez, esclarecer posibles deficiencias en el mantenimiento del orden. Según informaciones publicadas este lunes, el presidente rechazó la dimisión del ministro. El Gobierno mantiene por ahora la opción de restricciones locales a las concentraciones, sin declarar el estado de emergencia reclamado por parte de la oposición.
Este lunes, célula de crisis y balance económico
La respuesta gubernamental pasa este lunes 19 de octubre a una fase operativa. El primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene previsto presidir desde las 10.00 horas una célula interministerial de crisis centrada en tres ámbitos: economía y comercio, seguros y seguimiento judicial. La reunión debe precisar el alcance de los daños y acelerar las posibles ayudas a empresas y municipios afectados.
Antes, a las 9.00 horas, el ministro de Comercio, Serge Papin, ha convocado en Bercy a representantes de comerciantes, distribuidores, hosteleros, bancos y aseguradoras. La Federación del Comercio y la Distribución calcula que unos 1.500 establecimientos fueron atacados durante la jornada del sábado. La coordinación de seguridad corresponde al Ministerio del Interior, con sede en la plaza Beauvau, mientras Matignon dirige la respuesta interministerial anunciada para esta mañana.
