MADRID — La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su comparecencia del 6 de octubre en La Moncloa, dedicada a dos decretos-leyes sobre vivienda. La denuncia del Partido Popular plantea una cuestión que va más allá del enfrentamiento electoral: ¿dónde termina la comunicación institucional y empieza la propaganda partidista cuando un gobierno sigue ejerciendo sus funciones durante una campaña?
La frontera entre gobernar y hacer campaña
La convocatoria de elecciones no paraliza la actividad del Ejecutivo. El Gobierno conserva sus competencias, puede adoptar decisiones y debe informar a la ciudadanía. Pero desde el inicio del periodo electoral la ley establece límites específicos a la utilización de los recursos públicos para presentar los logros de gestión.
El artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe los actos organizados o financiados por los poderes públicos que contengan alusiones a realizaciones o logros obtenidos, o utilicen imágenes y expresiones coincidentes con las empleadas en las campañas de los partidos. La norma no impide explicar una medida administrativa; busca evitar que la institución actúe como plataforma de promoción electoral.
Ahí se sitúa el núcleo del expediente: determinar si Sánchez se limitó a informar sobre dos decretos de vivienda o si, durante esa comparecencia oficial, incorporó mensajes de carácter partidista incompatibles con la neutralidad exigida a los poderes públicos.
Por qué importa el lugar de la declaración
La Moncloa no es un escenario electoral ordinario. Una intervención desde la sede de la Presidencia dispone de medios institucionales, difusión oficial y la autoridad asociada al cargo. Esa posición hace especialmente relevante la distinción entre la información de interés general y la confrontación con los adversarios políticos.
La dificultad jurídica reside en que un presidente puede explicar una política pública y defender su utilidad, pero no necesariamente convertir ese mismo acto en una valoración electoral del Gobierno frente a la oposición. El análisis exige atender a las palabras concretas, al contexto y a la finalidad de la intervención, no únicamente al hecho de que se celebrara en La Moncloa.
Dos intervenciones, dos decisiones distintas
La JEC ha diferenciado la rueda de prensa del 6 de octubre de la declaración institucional del día 5, en la que Sánchez anunció la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre. Respecto a esta última, rechazó la denuncia del PP al considerar que se produjo antes de que resultaran aplicables las restricciones electorales examinadas.
La diferencia de un día tiene consecuencias jurídicas. El calendario electoral determina cuándo empiezan a operar determinadas prohibiciones, aunque el contenido de cada comparecencia sigue siendo esencial para valorar si existe infracción.
Qué significa abrir un expediente
La decisión conocida este jueves no equivale a declarar culpable al presidente ni a imponerle una multa. La apertura de un expediente inicia una tramitación en la que deben concretarse los hechos, valorarse las alegaciones y dictarse una resolución. Para este tipo de infracciones, la sanción económica potencial se sitúa entre 300 y 3.000 euros.
La cuantía es limitada en relación con la repercusión política del caso. Lo relevante es el precedente que pueda establecer sobre el uso de la comunicación gubernamental durante el periodo electoral. También importa distinguir entre una decisión de iniciar actuaciones y una resolución definitiva: confundir ambas fases anticiparía un resultado que todavía no existe.
Una disputa que afecta a cualquier gobierno
El PP ha presentado la apertura del expediente como un respaldo a su denuncia. El PSOE y el Gobierno, por su parte, tienen interés en defender la legitimidad de explicar sus decisiones públicas. Pero el principio de neutralidad institucional no depende de qué partido ocupe el poder.
La cuestión de fondo es estructural: los gobiernos conservan una ventaja de visibilidad durante las campañas porque siguen gobernando. La legislación electoral intenta impedir que esa ventaja, legítima para informar, se transforme en una herramienta de competición partidista financiada o amplificada por la institución.
La resolución de la JEC deberá precisar si la comparecencia del 6 de octubre cruzó esa línea. Hasta entonces, el expediente constituye una controversia jurídica abierta, no una sanción consumada.
