MADRID — La extinción de las concesiones de casi 1.000 kilómetros de autovías españolas abre un frente judicial para el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente. Según informa El Economista, el departamento ha recibido la primera demanda de empresas constructoras vinculada al final de estos contratos. El detalle de las pretensiones y la identidad de la parte demandante no han podido contrastarse de forma independiente.
Diez contratos vencen en diciembre
El 31 de diciembre de 2026 está previsto que finalicen diez concesiones de autovías de primera generación adjudicadas en 2007. Comprenden 993 kilómetros de tramos de las A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, equivalentes aproximadamente al 9,5 % de la red estatal libre de peaje. A partir del 1 de enero de 2027, su conservación deberá pasar a una nueva organización de mantenimiento financiada por el Estado.
Los contratos se explotaban mediante el sistema de peaje en sombra: los conductores no abonan un peaje directo, pero la Administración paga a las concesionarias en función de parámetros establecidos en los acuerdos, entre ellos el tráfico y los niveles de servicio.
Dos cifras para medir el cambio de modelo
La patronal Seopan calcula que conservar los 993 kilómetros exigiría unos 79,4 millones de euros anuales, a razón de 80.000 euros por kilómetro. El Ministerio, por su parte, ha estimado que el fin de las concesiones permitirá un ahorro presupuestario superior a 200 millones de euros al año. Son estimaciones de actores diferentes y responden a conceptos distintos; no deben confundirse con una valoración judicial del litigio.
Las empresas concesionarias también destacan que el modelo ha movilizado inversiones de rehabilitación y reposición de la red. Uno de los asuntos prácticos de la transición es el futuro del personal especializado en conservación, estimado por el sector en unas 500 personas.
Disputa paralela por los nuevos pliegos
La transición se produce mientras las compañías de conservación cuestionan los nuevos criterios de contratación del Ministerio. La asociación sectorial Acex anunció en julio su decisión de impugnar pliegos de licitaciones valoradas en más de 1.000 millones de euros, al considerar que el peso atribuido al precio perjudica la valoración técnica de las ofertas. Esta controversia sobre licitaciones nuevas debe distinguirse de la demanda relacionada con la finalización de las concesiones existentes.
La posibilidad de recursos y retrasos en las adjudicaciones obliga a preparar soluciones de continuidad para que el mantenimiento y la atención a incidencias no queden interrumpidos al cambiar el operador.
Seguridad vial y continuidad del servicio
Los tramos afectados soportan, según Seopan, una intensidad de tráfico superior a la media de las autovías gratuitas, con una proporción significativa de vehículos pesados. Por ello, la gestión de firmes, señalización, emergencias y vialidad invernal seguirá siendo necesaria independientemente de quién asuma el contrato.
La cuestión inmediata para Transportes es doble: resolver las controversias contractuales conforme a los procedimientos correspondientes y garantizar que, desde enero, los 993 kilómetros continúen atendidos sin interrupciones. La presentación de una demanda no determina por sí misma que las pretensiones empresariales vayan a prosperar.
