MADRID — El Gobierno prevé volver a aprobar este martes en el Consejo de Ministros los decretos de vivienda rechazados el viernes por el Congreso para someterlos después a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones de la Cámara una vez disueltas las Cortes. La operación permitiría al Ejecutivo intentar recuperar sus medidas antes de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.
La decisión abre una segunda vía parlamentaria apenas cuatro días después de que PP, Vox y Junts tumbaran los dos textos en el Pleno. El Ejecutivo todavía debe concretar si aprobará exactamente el mismo contenido o introducirá modificaciones, pero el objetivo es que las medidas vuelvan a entrar en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros y sean sometidas posteriormente a convalidación.
La clave está en la disolución de las Cortes anunciada este lunes por Pedro Sánchez. Cuando el Congreso está disuelto, la Diputación Permanente asume las facultades de la Cámara respecto a los reales decretos ley. El artículo 151 del Reglamento del Congreso establece que su convalidación o derogación debe votarse dentro de los 30 días siguientes a su promulgación.
Una mayoría diferente a la del Pleno
La aritmética cambia sustancialmente respecto a los 350 diputados del Congreso. La Diputación Permanente está formada por 68 diputados más su presidenta, Francina Armengol. El PP cuenta con 27 miembros, el PSOE con 25, Vox y Sumar con seis cada uno y ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto con uno respectivamente.
Con esa composición, el primero de los decretos podría reunir 35 votos si se repitieran los apoyos del viernes: PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y Podemos. PP, Vox, Junts y UPN sumarían 34. La diferencia es decisiva porque el voto contrario de Junts dejaría de ser suficiente para bloquear el texto. La votación, sin embargo, deberá celebrarse y los apoyos no pueden darse por garantizados de antemano.
El escenario es más complicado para el segundo decreto. El PNV votó contra ese texto el viernes, por lo que una reproducción exacta de las posiciones del Pleno impediría alcanzar la misma mayoría. El Gobierno deberá decidir ahora si mantiene su contenido o modifica las medidas antes de aprobarlas nuevamente.
El procedimiento está previsto expresamente en las normas parlamentarias. El artículo 57 del Reglamento atribuye a la Diputación Permanente, cuando el Congreso está disuelto, las facultades relacionadas con los decretos-leyes previstas en el artículo 86 de la Constitución. Existen además precedentes: la Diputación Permanente ha convalidado decretos-leyes durante periodos electorales, incluido en 2019.
La nueva aprobación prevista para este martes colocará así la vivienda en el primer tramo del calendario hacia el 29N. Tras la publicación de los nuevos textos, comenzará a correr el plazo máximo de 30 días para que la Diputación Permanente decida si los convalida o los deroga.
