MADRID — El expediente del ático de Chamberí adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por 6,3 millones de euros entra en una nueva fase judicial. La magistrada de la Plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid ha pedido a la Fiscalía que informe sobre la competencia de su juzgado para investigar los hechos antes de decidir los siguientes pasos.
La consulta figura en una providencia del 3 de septiembre conocida esta semana. Según EFE y Europa Press, la jueza ha incorporado a las actuaciones escritos presentados por Más Madrid, PSOE e Iustitia Europa y ha acordado formar piezas separadas con parte de la documentación aportada.
El movimiento no supone una imputación ni establece que se haya cometido un delito. La consulta al Ministerio Fiscal forma parte del procedimiento previo para determinar qué órgano debe continuar con las diligencias. La cuestión de la competencia resulta especialmente relevante si durante la investigación aparecieran indicios que afectasen a personas aforadas.
Cuatro denuncias y una compra bajo examen
La Fiscalía Provincial de Madrid remitió en agosto al juzgado cuatro denuncias relacionadas con la operación después de que ya se hubieran abierto diligencias. Entre las posibles irregularidades denunciadas figuran presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y administración desleal, calificaciones planteadas por los denunciantes y que no han sido acreditadas judicialmente.
La operación afecta a un inmueble de Chamberí comprado a través de Planifica Madrid. El Gobierno regional explicó que podía utilizarse durante las obras de la Real Casa de Correos y también como alojamiento ocasional para autoridades. La documentación conocida ha alimentado, sin embargo, las preguntas sobre quién ordenó concretamente la adquisición, cómo se justificó la necesidad del inmueble y cuál debía ser su utilización final.
Tras la polémica, la Comunidad de Madrid decidió poner el ático a la venta por unos 6,7 millones de euros. La primera licitación quedó sin ofertas y el Ejecutivo regional mantiene su intención de venderlo.
Ayuso vuelve a desvincularse de la operación
Isabel Díaz Ayuso insiste en que no ordenó la compra y que la gestión del patrimonio inmobiliario no forma parte de sus competencias. La presidenta madrileña ha calificado la controversia de «memez», sostiene que no tiene intención de vivir en el inmueble y afirma que lleva meses buscando una vivienda por su cuenta.
La oposición mantiene la presión política y reclama conocer el expediente completo, los informes de necesidad y tasación y la cadena de decisiones que desembocó en la compra. Ayuso, por su parte, denuncia una campaña contra ella y rechaza las acusaciones de que el ático estuviera destinado a convertirse en su residencia.
El punto clave del dossier pasa ahora a los tribunales: primero deberá aclararse qué órgano es competente y, después, si existen indicios suficientes para continuar la investigación penal. Hasta entonces, las denuncias abren una vía judicial, pero no determinan por sí mismas responsabilidad penal alguna.
