MADRID – El Tribunal Supremo mantendrá la orden nacional de detención contra Carles Puigdemont pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya declarado compatible la ley de amnistía con el derecho comunitario. El expresidente de la Generalitat continúa, por tanto, expuesto a ser detenido si regresa a España.
Fuentes jurídicas señalan que la sentencia europea no modifica el criterio adoptado por el juez instructor Pablo Llarena. El Supremo considera que la malversación atribuida a Puigdemont queda fuera de la amnistía porque habría existido un beneficio personal de carácter patrimonial, aunque el dirigente independentista no incorporara directamente los fondos públicos a su patrimonio.
La resolución de Luxemburgo despeja las dudas europeas sobre la ley, pero no decide cómo debe aplicarse a cada uno de los dirigentes del procés. El TJUE ha concluido que la norma no perjudica los intereses financieros de la Unión Europea y que sus disposiciones en materia de terrorismo son compatibles con el derecho comunitario. La última palabra sobre la situación individual de Puigdemont continúa en manos de los tribunales españoles.
Puente le anima a regresar aunque sea detenido
En este escenario, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este viernes el regreso inmediato del líder de Junts. En una entrevista en Radio Nacional de España, Puente aseguró que, si estuviera en su lugar, volvería al país incluso ante la posibilidad de ser detenido y enviado a prisión.
El ministro considera que esa decisión constituiría un gesto de liderazgo político y sería coherente con la legislación aprobada por las Cortes, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la sentencia dictada por el TJUE. Puente sostuvo que la situación actual resulta difícil de mantener después de que tanto la justicia constitucional como la europea hayan respaldado la validez de la amnistía.
Las declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Junts. Su secretario general, Jordi Turull, acusó al ministro de actuar con “miseria y frivolidad” al plantear que Puigdemont regrese aun sabiendo que podría ser detenido.
La decisión clave corresponde ahora al Constitucional
Puigdemont tiene pendiente ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la decisión del Supremo de excluirlo de la amnistía. El tribunal de garantías rechazó en enero suspender cautelarmente la orden de detención mientras estudia el fondo del recurso.
Hasta que el Constitucional se pronuncie, la sentencia europea no permite por sí sola el retorno sin riesgo del expresidente catalán. El fallo del TJUE refuerza la validez general de la ley, pero mantiene abierto el principal conflicto jurídico: si la interpretación del delito de malversación realizada por el Supremo respeta el alcance de la norma y los derechos fundamentales de los afectados.
La disputa entra así en una nueva fase. El Gobierno y los partidos independentistas reclaman una aplicación inmediata y completa de la amnistía, mientras el Supremo conserva su criterio sobre la malversación. La futura decisión del Constitucional será determinante para establecer si Puigdemont puede regresar libremente a España o si la orden de detención continúa vigente.
