La propuesta del Ministerio de Hacienda de abrir la puerta a déficits individualizados para las comunidades autónomas marca un antes y un después en la gobernanza fiscal española. El concepto de «déficit a la carta», presentado este lunes, representa una victoria política para los sectores que reclaman un reconocimiento de la singularidad financiera de Cataluña, pero también abre una caja de Pandora sobre la estabilidad del sistema de financiación común.
UN MOVIMIENTO ESTRATÉGICO PARA DESBLOQUEAR EL ESTADO
La medida busca atraer a Junts y ERC a la negociación de los presupuestos de 2027, tras el bloqueo inicial de la senda de estabilidad. Al permitir que cada territorio ajuste su margen de deuda según su realidad económica y sus compromisos de inversión, Madrid otorga a la Eurorregión una flexibilidad inédita. Para la industria y las infraestructuras catalanas, disponer de un techo de gasto propio permitiría blindar proyectos que actualmente sufren el lastre de la rigidez administrativa central.
EL RETO DE LA COHESIÓN Y LA COMPETITIVIDAD
Sin embargo, el éxito de esta asimetría fiscal dependerá de la capacidad de la Generalitat para canalizar ese margen hacia inversiones productivas y no solo hacia gasto corriente. La Eurorregión necesita que este oxígeno financiero se traduzca en una aceleración del Corredor Mediterráneo y en el fortalecimiento de los polos de innovación. El debate político que comienza ahora definirá si España avanza hacia un federalismo fiscal de facto o si la fragmentación acaba penalizando la calificación crediticia de las regiones más expuestas al mercado global.
